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ANALISIS, DATOS E
INFORMACIONES GENERALES
SOBRE LA DEUDA EXTERNA DE REPUBLICA DOMINICANA. |
Ramón Barros
Edictor Económico. |
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Recomendamos al lector, primero leer el documento económico (pdf), este le
creara una idea de la economía global Pulse
aquí .La deuda externa
dominicana está compuesta por la deuda oficial y la privada. A su vez, la
deuda oficial contabiliza el endeudamiento multilateral y bilateral,
mientras que la privada refleja el endeudamiento con la banca comercial.
La deuda publica externa global al final del
2004 andará por los: US$ 7,580 Millones.
La deuda publica interna al final del
2004 estará por los: RD$ 27,263 Millones.
Los análisis y comentarios económicos
están organizados por fechas, por ej. la deuda publica externa del
gobierno actualizada no es de
US$4,137 millones, esa cantidad es del año 1999/2000 , cálculos
extraoficiales la sitúan entre US$ 6,500 y 6,900 millones.
Algunos
entendidos en economía con datos no muy precisos pues el equipo económico
del gobierno adultera los valores reales y por tanto no son creíbles.
Según el
economista Juan Temístocles Montás contestándole a la irresponsable e
inepta Dra. Ortiz Bosch dice:
A la hora de hablar sobre Leonel Fernández, la
Dra. Ortiz Bosch debería tener presente que la deuda publica dominicana
representará el próximo año el 49.3% del PIB. Según el FMI, a finales del
2004, la deuda externa de República Dominicana ascenderá a 5 mil 880
millones de dólares que representará el 35.6% del PIB, casi el doble del
año 2000, mientras que la interna se situaría en 2 mil 263 millones de
dólares, equivalente al 13.7% del PIB. Significa que el próximo año cada
dominicano deberá a los acreedores internacionales y nacionales 947
dólares, unos 33 mil 140 pesos, lo que representa un incremento de 347
dólares con relación al 2000. Y esto es obra del equipo Hipólito-Milagros.
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El empobrecimiento de los dominicanos
Julio Ortega Tous
j.ortega@codetel.net.do
economista dominicano y ex director de ONAPLAN
Los dominicanos somos hoy mucho más pobres que hace seis meses. Los
devastadores efectos de la crisis financiera y la devaluación del peso del
primer semestre del 2003, han reducido el poder de compra de todos los
consumidores de forma dramática. El efecto en los precios del desplome del
tipo de cambio de 18 pesos por dólar a unos 36 pesos dólar, la
incertidumbre para los comerciantes e inversionistas que producido una
masiva fuga de capitales y el manejo irresponsable y politiquero de la
crisis financiera del segundo semestre del 2003 han arrasado con el poder
de compra de todas las capas sociales dominicanas. Los ricos, son menos
ricos, la clase media se hunde cada vez más en la pobreza y ve reducido su
nivel de consumo y, los pobres y muy pobres, sólo tienen ante sí un
panorama de hambre, desesperanza y sufrimientos mayores.
La forma más dramática de manifestarse ese empobrecimiento de todos los
dominicanos es la inflación. Oficialmente, según el Banco Central que ha
visto perder mucho su credibilidad por la politización y manipulación de
sus intervenciones en esta crisis, el Índice de Precios al Consumidor para
el mes de mayo se había incrementado en 12 meses hasta un nivel de 20%.
Desde el año 1990 los dominicanos no conocen una inflación tan elevada.
Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), el nivel
de inflación para todo el 2003 alcanzará un 25%, cifra que puede
considerarse conservadora, tomando en cuenta el dato señalado para los
primeros cinco meses. Sin embargo, donde más dramático es el desplome del
poder adquisitivo y de consumo de todos los dominicanos, es en el ingreso
por habitante. Según las informaciones disponibles, el Producto Interno
Bruto (PIB) a precios corrientes cerró en el 2002 a un nivel de 412,000
millones de pesos. Calculados a una tasa promedio para el año pasado de 18
pesos por dólar, el ingreso por habitante en 2002 fue de unos 2,900
dólares y un PIB bruto de 22,800 millones de dólares.
Asumiendo que este año los precios sólo se eleven en el 25% estimado por
el FMI y que el PIB ni crezca ni se reduzca, es decir un crecimiento del
PIB de 0%, el PIB nominal a fin del 2003 será de 515,000 millones de
pesos. Calculados a la tasa estimada también por el FMI de 35.9 pesos por
dólar a fin de año, el PIB nominal en dólares se habrá reducido a 14,350
millones de dólares, para una caída de la riqueza global de la sociedad
dominicana medida en términos de dólares del 27%. La sociedad dominicana
es 27% más pobre en el 2003 que respecto al 2002, gracias a las políticas
económicas y monetarias aplicadas por el gobierno y las autoridades
monetarias. El ingreso por habitante de los dominicanos se ha reducido a
unos 1,600 dólares. De golpe y porrazo los dominicanos tenemos un ingreso
por habitante de un país de ingreso bajo, según las normas del Banco
Mundial. Antes de esta crisis, es decir, durante toda la década de los 90
y los primeros años de la presente, éramos un país de ingreso medio-bajo,
con tendencia a situarnos en un país de ingreso medio a medio-alto. Para
poder recuperar este nivel de riqueza global de la sociedad serán
necesarios por lo menos cinco a ocho años de crecimiento estable a una
tasa de entre 6% a 8% anual, estabilidad estricta de precios y sobretodo
estabilidad cambiaria como meta prioritaria de la política económica y de
la política fiscal.
Sin embargo, la deuda publica total se ha casi duplicado. Según la firma
de Wall Street Bear Stearns, la deuda publica externa e interna total,
pasará de representar el 21% del PIB en 2002 a un 42% del PIB en 2003. La
combinación de reducción del PIB nominal en dólares, incremento
desorbitado de la deuda interna y externa y el déficit casi-fiscal del
Banco Central producirán esa magia en apenas 12 meses. Por lo tanto el
sacrifico fiscal de los contribuyentes y del Estado, para el servicio de
la deuda, será cada día mayor. La cantidad de pesos necesarios para servir
la deuda externa se ha duplicado, asumiendo que a partir de este momento
la deuda no se incremente significativamente. Los recursos disponibles
para atender el gasto en educación pública, en salud, seguridad social y
en infraestructura y saneamiento serán cada vez menores. Las políticas de
recuperación y estabilidad que será necesario poner en práctica, reducirán
significativamente el margen del Estado y los gobiernos para atender las
demandas sociales y, por tanto, la estabilidad política podría verse
seriamente comprometida.
Ahí estamos. Ahí nos ha conducido una combinación de incompetencia
gubernamental, irresponsabilidad en el manejo de la política monetaria y
de métodos fraudulentos en el manejo bancario. Ahora se inicia el calvario.
Perspectiva Ciudadana - 30.junio/2003
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TRANQUE MONETARIO: PRÉSTAMOS,
SALVAMENTOS Y CERTIFICADOS
Por EDUARDO J. TEJERA
He escrito numerosas veces sobre el grave problema del cáncer monetario
que tiene por primera vez el Banco Central, por la forma que se realizó el
salvamento de Baninter y otros dos bancos. No deseo discutir aquí si la
forma fue o no la correcta o si las autoridades actuaron precipitadas y no
aprendieron de la experiencia de crisis bancarias en este país, en los
Estados Unidos y en la América hispana. Ahora solo deseo concentrarme en
el problema monetario que tenemos, que considero el más grave de la
economía y la solución que he planteado en varias oportunidades. El
imparable tranque monetario, junto con la crisis financiera del sector
eléctrico y la reforma fiscal integral, son los tres más grandes retos
inmediatos de la economía y del nuevo gobierno entrante.
Es de esperar que ahora después de las elecciones y bajados los ánimos
de toda campaña sucia, se pueda debatir y analizar serenamente y sin
pasiones y mentiras, el problema y soluciones de los Certificados emitidos
por el Banco Central, que al 30 de abril asciende a RD$ 80,958 millones y
que crece en alrededor de RD$ 4,000 millones cada mes por pagos de
inteseses, que varían entre 45 % al 60 % anual, una aberración dentro del
cuerpo de la economía. Estas cifras son las cuentas por pagar de la
institución. Parece increíble que en el Stand-by con el FMI o que las
mismas autoridades monetarias por sí mismas, no hayan buscado una solución
a este problema interno. Se ha optado, el país entero, por cerrar los ojos
y muchos inversionistas solo han sido guiados por ganar más intereses, sin
tener la menor idea cómo en el fondo se pueden devolver RD$ 80,958
millones. Las emisiones de Certificados son una bola de nieve en
centrífuga que tienen que solucionarse.
Hay que comprender que la emisión de CPBC son una consecuencia de la
particular manera del salvamento de los tres bancos, sobre todo, el
Baninter. El Banco Central ha concedido como emisiones inorgánicas la
extraordinaria suma de RD$ 109,350 millones, en forma de adelantos y
redescuentos, avances de liquidez, préstamos a bancos colapsados, sus
dueños y empresas viculadas para devolver a la carrera el dinero de
ahorrantes de Baninter, para absorver pérdidas de cuentas malas y
fantasmas, para pagar cartas de créditos del exterior de los bancos y
filiales de asuntos propios bancarios o de sus dueños, para pagar
ilegalmente a ahorrantes en los bancos fuera del país y para viabilizar la
venta del Banco Mercantil y el Bancrédito. El Banco Central se convirtió
en el gran vertedero gigantesco del sistema. Estas sumas representan las
cuentas por cobrar del Banco Central, que nadie conoce con detalles. Estas
dos notables cifras -- la cuentas por cobrar y las cuentas por pagar --
crean el gran tranque financiero, que condiciona toda política monetaria y
crediticia.
Las Facilidades de Liquidez.
Este es un tema del que poco se habla y mucho menos se conoce
públicamente ningún detalle e información. Las facilidades de créditos del
Banco Central, como hemos señalado, ascienden a la extaordinaria suma de
RS$ 109,350 millones, o el equivalente en US$ 2,430 millones. Lo primero
que debe conocer las Comisiones de Transición es todo lo relativo a esas
operaciones, listados, clientes, garantías, activos, colaterales
indirectos y, ante todo, la real capacidad de cobro de los mismos. ¿ Ese
dinero se puede recuperar o solo una pequeña parte ? La cantidad que sea
se puede vender ahora o están en interminables litigios, alguna parte se
puede titularizar en instrumentos negociables y se pueden recuperar
recursos en efectivo al cierre de las ventas o en plazos diferidos ? En
este orden es necesario profundizar en todos los litigios, acelerarlos y
comenzar a ejecutar garantías, para empezar a recuper recursos. No debe
haber impunidad. Todo esta información es vital para saber realmente con
que se cuenta para redimir los Certificados.
Personalmente, no creo que se pueda depender de estas recuperaciones a
corto plazo para implementar un esquema de devolución de CPBC. También
creo, porque ya los activos principales han desaparecido, los piratiaron o
perdieron valor, que ni siquiera se pueda recuperar el 35 %, aunque ojalá
yo esté equivocado y desinformado. De todas formas, se debe pasar todos
estos activos en calidad de fideicomiso a la Corporación de Recuperación y
Saneamiento Bancario (CRASB), que he propuesto. La recuperación de estos
activos y recursos ayudarán a redimir Certificados, pero no será la
solución. Creo que la CRASB se puede formar por Resolución de la Junta
Monetaria, designar a un Director Ejecutivo y un Consejo de Directores
mixto, compuesto de dos miembros de la Junta Monetaria, dos funcionarios
del Banco Central, un funcionario de la Secretaría de Finanzas y uno de la
Superintendencia de Bancos y tres privados de Asociaciones, como el Conep,
Asociación de Industrias y otras. La idea es que toda decisión se tome al
más alto nivel técnico y político y con la participación de empresarios.
Ahora lo principal es que se entreguen todas las informaciones y listados
pertinentes.
Soluciones a los Certificados.
Las emisiones de Certificados o Bonos es un viejo instrumento, usual de
los Bancos Centrales. Se colocan al público institucional a través de las
Operaciones de Mercado Abierto y su fin es servir de mecanismo de
expansión o contracción del dinero en circulación de un país, dependiendo
de la situación de inflación interna, crecimiento, exceso de medios de
pagos o situación de las finanzas públicas o las cuentas externas. Su uso
es ocasional y anticíclico para resolver coyunturas a corto plazo y su
colocación es siempre un porcentaje pequeño y prudente del total de la
emisisión monetaria del país. Ni en los textos de política monetaria y
banca central, ni en la práctica se utilizan la ventas de CPBC para el
rescate o salvamentos de bancos, por ser cifras demasiado grandes, que
distorsionarían la política monetaria y ponen en peligro la política de
tasas de interés y, por ende, el crecimiento y el empleos. En los Estados
Unidos, cuando quebró el sistema de ahorros y préstamos, se creó la
“Resolution Trust Corporation” y el salvamento fue pagado por el Gobierno
Federal, de asignaciones presupuestarias en varios años, nunca del Sistema
de Reserva Federal. En España, igual, el Fondo de Garantía se nutría de
fondos del Gobierno, y así se hizo en México y otras naciones.
En nuestro caso el Banco Central recurrió primero a pagar y honrar
todas los pasivos personales y corporativos de Baninter y canjeó CPBC a
los ahorrantes. Después hizo parcialmente algo similar con los otros dos
bancos, pero en menor escala. Eso creó la gran expansión monetaria, que
forzó a emitir CPBC para recoger circulante. Así se comenzaron ha realizar
las emisiones de Certificados a altas tasas de interés para colocar al
público y a los bancos y de esa forma emergió la distorsión y el cáncer
crece por día. El Banco Central está ahora atrapado teniendo que pagar y
realizar emisiones todas las semanas para reenganchar. Fue un grave error
que este tema se dejara en el aire tanto en el primer, como en el segundo
Acuerdo reactivado con el FMI. Ahora, el Banco Central debe RD$ 80,958
millones, que con equilibrio y pensando tanto en el respeto a los
inversionistas, como al bien común del país, es evidente que hay que
buscar una solución viable que ayude a encaminar la economía, bajar las
tasas de interés activas de los bancos y asi facilitar la recuperación del
crecimiento y el empleo para todos los dominicanos. Que nadie se deje
alarmar ni engañar: con creatividad y buen juicio serio, siempre existen
soluciones prácticas.
Creo que todas las emisiones de Certificados deben pasar al CRASB, ya
que todas fueron emitidas como parte directa o indirecta del salvamento
bancario. A medida de sus vencimientos, los CPBC se intercambiarían por
Certificados de Saneamiento de esta institución autónoma fideicomisiaria,
que gozarán de la doble garantía del Banco Central y del Estado. Los
nuevos Certificados se emitirían en siete u ocho escalas y tipos de
valores, según el segmento, monto y el vencimiento, desde un año a ocho
años, de menor a mayor y los intereses a una tasa igual o ligeramente
superior a la banca comercial, para no competir deslealmente con un sector
que requiere tanto apoyo. Este sería el único sacrificio que tendrían que
aportar los inversionistas actuales, para solucionar en armonía y
satisfactoriamente un problema nacional. Se pagarían, en vez de solamente
intereses como ahora, cuotas de capital e intereses por cada una de las
emisiones que se hagan por escalas de montos. Se le debe dar la máxima
prioridad para redimir en menos de un año, los Certificados de hasta RD$
1.0 millones y de ahí según la escala que se acuerde concensuadamente.
Lo importante es la fuente de recursos para pagar las cuotas de capital
e intereses. Los recursos no deben salir del Banco Central, para romper el
círculo vicioso de la expansión monetaria. Principalmente, si se difiere
en el tiempo y con más bajos intereses, la primera fuente tiene que ser el
Gobierno contemplando sus partidas en el Presupuesto, más las ventas de
activos y las recuperaciones antes señaladas, para redimir anticipadamente
los Certificados de menor a mayor monto. Las ventas de otros activos del
Estado pueden aportar a el fondo de rendención en el CRASB. Creo que se
podría poner un impuesto del 5% especializado para nutrir este fondo, a
los intereses que generan todos los ahorros en la banca nacional y demás
intermediarias y estas instituciones sirvan de agente de retención. En
circunstancias normales nunca pensaría en gravar al ahorro, pero para
solucionar un cáncer que tanto estimula la inflación y la devaluación de
la moneda, es una seria contribución de las personas que tienen recursos y
rentas. Es un aporte pequeño que podría generar cerca de RD$ 3,000
millones al año. Una suma que ayudaría a cubrir el pago de los intereses.
Lo demás deberá provenir de la reforma fiscal.
Lo que toda persona debe pensar es en la absoluta necesidad de
enfrentar este grave problema, sin alarmas ni sustos, sino con seriedad y
serenidad. Es imposible que la bola de nieve de los Certificados suba cada
mes en RD$ 4,000 millones, porque terminaremos pronto como Argentina. Hay
que proteger a toda la población, no solo a un grupo rentista que puede
contribuir sin ser afectados. No creo que exista algún inversionista que
crea que se le pueda pagar intereses del 50 % ó 60 % por tiempo indefinido,
pues es insostenible para la economía y para ellos. Estos altos intereses
pagados mensualmente con inorgánicos, al final continúan presionando el
valor del peso frente al dólar y esto a la vez crea una alta inflación que
termina eliminando cualquier suma de intereses generados, resultando en un
efecto neutro o negativo, como hemos visto en los últimos meses. Hay que
pensar en volver a dinamizar la producción, la construcciones, la
agropecuaria y las exportaciones, mejorar la competitividad de la economía
y para esto hay que solucionar el problema de los Certificados y reducir
las altas tasas de interés en la banca, sino el nuevo Gobierno estará
atrapado, igual que todo el sector productivo privado.
Finalmente, las nuevas emisiones de Certificados de Saneamiento del
CRASB por el equivalente al Certificados de RD$ 80,958 millones, pueden
ser segmentadas por escalas de montos y por destino del inversionista
final. Es cierto que hasta que no se conozca la real composición de los
Certificados todo ejercicio es de aproximación y metodología, por eso ante
todo las autoridades deben entregar todas las informaciones y cifras. Pero
se pueden realizar distintas emisiones. Por ejemplo, una Emisión A
destinada para la banca e intermediarias que tienen RD$ 28,000 millones en
Certificados es bueno porque se les puede permitir incluirlos en el encaje
legal. Otra Emisión B, para los RD$ 18,000 millones de ahorrantes directos
de Baninter, con una redención a mediano plazo. Y la Emisión C, como RD$
34,000 millones destinada a todos los inversionistas individuales y
compañías, que se debe redimir a corto y mediano plazo. Las AFP que tienen
que invertir a largo plazo, se les puede pedir que inviertan hasta el 25 %
de sus ahorros en la Emisión A, que estará bien garantizada y un interés
competitivo. Igual, las compañías de seguros deberían invertir para sus
reservas técnicas. Los nuevos Certificados, como tienen garantía soberana,
se les podría utilizar en la capitalización de la banca comercial, como
Acciones Subordinadas, que a medida que se rediman forman parte del
capital pagado de acciones común.
Al final, un problema de RD$ 80,958 millones y en crecimiento, puede
reducirse a menos de la mitad para el público individual inversionista y
la otra mitad para inversiones institucionales a mediano y largo plazo. La
meta sería devolver primero a los inversionistas menores con la idea que
lleven ese dinero como ahorros a la banca comercial y demás intermediarios.
Por eso digo, que hay soluciones si se realiza una reestructuración de la
deuda interna prudente, segmentada, por escalas de montos, pero
protegiendo el interés nacional de todos, tal como se hacen las
reestructuraciones externas. En otros trabajos elaboraré más los detalles
de esta propuesta, que he variado en parte a medida que recibo buenas
críticas y sugerencias. Mi mensaje final, es que el país debe darse cuenta
que hay que enfrentar este problema, igual que la crisis financiera del
sector eléctrico que requiere también de grandes cambios. Por otro lado,
para que la reforma fiscal no sea sobredimensionada, hay que resolver
simúltaneamente estos dos dos graves problemas, de lo contrario se
necesitará muchos más impuestos. No debe hacerse un sobreajuste fiscal que
continue paralizando la economía. Por eso, hay que realizar cirugía y
reformas profundas a los tres sectores señalados.
29 mayo 04
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ANALISIS (Marzo 2003) NOTAS DEL EDICTOR:
Deuda externa ha aumentado a mas de
US$4,137 millones.
La banca nacional le ha prestado al Gobierno RD$3,578.4 millones
El Gobierno irresponsable e inepto de Hipolito Mejía ha tomado préstamos
por US$2,300 millones en dos años, aunque es de mucha importancia que el
pueblo domininicano se entere de esto, el Gobierno se endeuda en dólares
para pagar en pesos, y ademas de querer paqar esos prestamos con papeles
perdón quise decir pesos dominicanos.
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Como
Afecta el Endeudamiento Nuestra Economía
En los últimos meses se ha estado discutiendo en la opinión pública
sobre nuestro futuro económico, a corto, mediano, y largo plazo. A nadie
escapa el comentar sobre este tema, tenga o no criterio para hacerlo.
Es muy fácil hacer promesas cuando se está en campaña
política, pero es aun más fácil recurrir a los empréstitos tanto internos
como externos cuando se necesita dinero, y más aún cuando no tenemos la
idea de que el dinero se termina, y que nuestro país no es gran exportador,
y por ende no puede generar los dineros necesarios para pagar sus
cuantiosas deudas.
Para ilustrar lo que señalo citaré un caso muy específico
"La Feroz Política de Endeudamiento Gubernamental" que esta siendo llevada
a cabo por la actual administración. En el último año y medio nuestro país
se ha endeudado más de lo que se había endeudado en 10 años.
Lo más penoso de todo este endeudamiento es que una parte
de este dinero se toma para pagos de nómina y cosas "que se supone" están
contempladas en el Presupuesto Nacional. Otra situación es que este dinero
se invierte en obras que estamos de acuerdo que mejora la calidad de vida
de los dominicanos, y eso es invertir en la gente, pero también me
pregunto que ganancia obtiene el país en términos económicos, es decir ese
dinero se gasta no se invierte.
La peor hazaña en contra de nuestro país se ha producido
con la Emisión de los Bonos Soberanos. Con este hecho empezó nuestra
desgracia, y la hipoteca de nuestro país, ya que estos bonos se negociaron
sin período de gracia y sin buenos intereses. Para el mes de marzo el
gobierno tuvo que desembolsar la majestuosa suma de RD$500,000,000.00, y
esto solamente por concepto de interés. Imagínese usted la magnitud de
este préstamo denominado Bonos Soberanos. Obsérvese también que el
gobierno en diciembre tomó un préstamo en la banca nacional para completar
el pago de la regalía pascual, y otro préstamo para el pago de nómina, en
enero.
Y si esto ocurrió en enero que es el mes de mayor
recaudación fiscal, ya que todos los impuestos de diciembre se pagan en
este mes, yo me pregunto como se van a hacer los siguientes pagos de los
Bonos Soberanos; yo me cuestiono, ¿Se recurrirá a un nuevo préstamo para
el pago de otro? Si es de este modo deberíamos empezar a preocuparnos,
porque con este hecho sellaríamos la venta de nuestro país. Para que se
comprenda mejor voy hacer una pequeña reflexión sobre el caso de
Argentina.
Argentina país que se consideraba ejemplo económico de
América cayó en la quiebra, ¿Y por qué quebró? Una pregunta muy
interesante; Este país empezó a tomar prestamos, y para pagarlos recurría
a otros prestamos, hasta que se endeudó tanto que sobrepasó su capacidad
de endeudamiento, y esto trajo como consecuencia el colapso del sistema
financiero argentino.
Pero en fin, nuestro país ya dio el primer paso a nuestra quiebra. Aunque
todavía hay solución, se requiere para esto tener una política de
austeridad, para saldar los préstamos contraídos, y reducir el gasto
corriente a lo necesario, y sobre todo eficientizar el cobro de impuestos,
no creando nuevos, sino promoviendo el cumplimiento de los existentes.
Hay algo que no puedo entender viéndolo desde el punto de
vista económico, y es cómo es posible que el estado dominicano tome
prestado la suma de US$500,000,000.00, que utilicen US$100,000,000.00 y
los otros US$400,000,000.00 lo depositen en una cuenta a generar intereses.
A primera vista parece que si genera interés esta bien; pero las ganacias
que generan estos US$400,000,000.00 oscila entre el 2% y el 4%, pero el
estado tiene que pagar por los US$500,000,000.00 un 9% de interés.
Entonces hablando en términos económicos, su factibilidad es nula.
Otro factor sumamente interesante es que en el año 2005 el
país tiene que pagar a los acreedores de los Bonos la totalidad de su
valor, es decir, US$500,000,000.00, y no existe la posibilidad de negociar
una prórroga en el pago. A estos acreedores no les importa si el país
tiene o no dinero para pagarle en ese momento; ¿Y si tenemos que recurrir
a otro prestamos para pagar ese? Caeremos en un círculo vicioso donde cada
día se deberá mas por concepto de intereses, y al final de la jornada
quedaremos quebrados tal y como le paso a la Argentina.
Desde mi punto de vista una posible solución a este
problema es que la clase política admita y acepte su rol en la vida
nacional, ya que hoy en día los políticos llegan al poder y se trazan una
visión para los cuatro (4) años de su período gubernamental, haciéndose de
la vista gorda, en el mayor de los casos, de la continuidad gubernamental
y estatal, es decir que se olvidan de los problemas y proyectos
inconclusos de los gobiernos pasados.
La continuidad de estado es para mí el mayor problema que
afronta nuestro país, y cuando esto se acepte y se tome conciencia de que
esto es importante nuestro país va a progresar.
Otra posible solución a los problemas de hoy en día es que
se cree un Plan de Desarrollo, un Plan Económico, y planes en sentido
general que podría ser llamado, "Plan de Desarrollo Para la República
Dominicana 2003-2020". Pero para que esto suceda se necesita la madurez de
nuestros políticos, ya que cada uno de ellos piensa solo en sus intereses
partidarios y personales; éstos deben pensar en el bienestar de nuestro
país en un futuro no muy lejano.
Es por esto que hago un llamado a la clase política,
empresarial, eclesiástica, juvenil, civil, militar, a que se sienten en la
mesa del dialogo y dejen atrás toda pretensión política; que conversen
sobre nuestro futuro y que se cree una agenda nacional a largo plazo, con
el apoyo de todos los sectores de la vida nacional para que nuestro país
continúe en el camino del progreso que ha experimentado el los últimos
años. También hago un llamado a la población en general a que expresen su
deseo de que esto suceda, actuando siempre apegados a la ley y manteniendo
siempre el orden público.
Josué Arbaje
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LOS AÑOS 90s HASTA 2000 Y LA DEUDA EXTERNA. |
EVOLUCIÓN Y
SITUACIÓN DE LA DEUDA EXTERNA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA[1]
Miosotis Rivas
Peña
Introducción.
Los noventa se puede
considerar como un período de despegue de la economía dominicana con
relación a la inestabilidad, los ajustes y las crisis de los ochenta. A
partir del año 1992 el crecimiento promedio se ha situado por encima del
5% y en el período 1996-1999 por encima del 7%. El sostenido crecimiento
económico no ha sido la única característica de este período, también hay
que mencionar otros elementos positivos como la estabilidad macroeconómica
que se ha traducido en una inflación promedio por debajo de los dos
dígitos, un tipo de cambio estable y un manejo adecuado de las finanzas
públicas. Sin embargo, este crecimiento económico no se ha traducido en
una sustancial mejoría en la distribución del ingreso y en los niveles de
pobreza del país. Por lo que este se constituye una de las principales
características de la economía dominicana de los 90's.
Desde 1994 hasta la
fecha la economía dominicana presenta un fenómeno que se ha observado
pocas veces en el transcurso de su historia económica: la combinación de
estabilidad macroeconomía y altas tasas de crecimiento del PBI. No seria
muy aventurado plantear que esto ha sido el resultado de tres factores: 1)
las reformas fiscal, financiera y arancelaria que se ejecutaron a
principios de la década, 2) una buena adecuación de las políticas
monetarias y cambiarias a los resultados de la política fiscal, y 3) un
entorno internacional favorable (precios bajos del petróleo y alto
crecimiento de la economía norteamericana, entre otros). Este conjunto de
factores ha permitido que la tasa promedio de crecimiento del PBI durante
el periodo 1994-1999 fuera del 5.6%, con una inflación promedio de apenas
el 4.8%.
El año 1999 no se
desvía de la situación anterior y más bien viene a profundizar las
tendencias de la economía dominicana de los 90's. Según cifras del Banco
Central, en el año 1999 la República Dominicana alcanzó el mayor
crecimiento económico de la década de los 90 y se mantuvo por cuarto año
consecutivo entre los países de América Latina, de mayor crecimiento
económico. La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto real fue
8.3%, superior al crecimiento de 7.3% del año 1998. Los principales
sectores que contribuyeron a este comportamiento fueron, la construcción,
comunicaciones, seguido de la industria local excluyendo ingenios, así
como hoteles, bares y restaurantes, comercio y transporte.
Este mayor
crecimiento permitió una reducción en el nivel de desempleo, el cual
disminuyó de 14.4% en el 1998 a 13.8% en 1999. Las ramas de actividad que
absorbieron la mayor cantidad de mano de obra fueron agricultura, comercio,
transporte y comunicaciones.
La tasa de inflación
acumulada fue de 5.10%, inferior a la registrada en los años 1998 y 1997,
no obstante que los precios internos de los combustibles fueron
reajustados y la comisión cambiaria aumentada de forma transitoria en el
mes de octubre. Este descenso de los niveles inflacionarios fue
consecuencia de las disminuciones en los precios de los alimentos durante
los tres primeros trimestres del año, fruto de la mayor oferta agrícola.
El resultado global
de la balanza de pagos para 1999 presentó un saldo favorable de US$ 171.8
millones, el cual es el resultado del incremento de la inversión
extranjera directa atraída por el proceso de capitalización de las
empresas estatales, así como por mayores desembolsos de préstamos para
contrarrestar los efectos negativos del huracán Georges.
En el 1999, la
conducción de la política fiscal se vio afectada negativamente por la
reducción de los ingresos del diferencial petrolero a consecuencia del
alza en los precios internacionales de los combustibles. Las continuas
alzas del petróleo en los mercados internacionales mermaron el impacto en
los ingresos fiscales del ajuste en los precios domésticos de los
combustibles. Lo anterior, unido a los mayores gastos ejecutados en el
período, determinaron un resultado en las operaciones fiscales deficitario
en el año en consideración.
La política
monetaria adoptada en 1999 estuvo dirigida a mantener la estabilidad de
los precios internos sin afectar el buen desempeño de las actividades
productivas. En los primeros meses del año se buscó detener el crecimiento
de los medios de pagos, los cuales se habían expandido a raíz del esfuerzo
para reactivar el país luego del huracán Georges. A mediados de año, el
Banco Central intervino en el mercado cambiario para adquirir divisas y
evitar una fuerte apreciación de la moneda local por el incremento de
dólares generados por la inversión extranjera y los desembolsos de
préstamos externos, mientras que en el último trimestre del año se aumentó
la comisión cambiaria para cumplir con los compromisos de la deuda externa
y se realizaron operaciones de mercado abierto para esterilizar el
crecimiento de los agregados monetarios debido a la mayor acumulación de
reservas internacionales durante el mes de diciembre.
El análisis de los
principales indicadores macroeconómicos muestra que el país ha enfrentado
exitosamente los dos principales shocks de los últimos años. En primer
lugar, se recuperó de los daños ocasionados por el huracán Georges a
finales de 1998, y en 1999 la actividad productiva no fue afectada
significativamente por el alza en los precios internacionales del petróleo,
debido a las medidas gubernamentales y política monetaria adoptadas.
Evolución de la
Deuda Externa: Escenario Reciente
La deuda pública
externa global incluye todos los compromisos financieros de la República
Dominicana de corto, mediano y largo plazo correspondiente a préstamos y
depósitos contraídos con el exterior y que representan obligaciones que
deben ser honradas por el sector público[2].
En los últimos
cuatro años (1996-1999) la deuda externa dominicana se ha reducido en un
5% al pasar de US$ 3,807.3 millones en 1996 a US$ 3,635.9 en 1999. Pero, a
pesar de esta reducción, los desequilibrios en el mercado petrolero, cuyo
diferencial interno constituye la principal fuente de financiamiento de la
misma, amenazan con la puntualidad que hasta estos momentos el país había
tenido en los pagos de los servicios generados por esta. Se vislumbra que,
para final del año habrá un faltante de unos RD$ 2,500.00 millones de
pesos (US$155.7) para cumplir con estos compromisos.
Dado que los
ingresos del diferencial de los combustibles son utilizados para el pago
de la deuda externa, su disminución a cantidades menores que los
desembolsos requeridos obligó a que el Gobierno decidiera, el año pasado,
elevar el precio de los combustibles y aumentar el monto de la comisión
cambiaria que se cobra a las importaciones para poder cumplir con los
requerimientos del pago de la deuda[3]. Los combustibles aumentaron en
casi un 22% y la comisión cambiaria pasó de 1.75% a 5%.
Actualmente, ante un
nuevo incremento del precio del petróleo, existe un desfase de 800
millones de pesos dominicanos (alrededor de unos US$ 49 millones), y las
autoridades monetarias estiman que la comisión cambiaria dejará unos RD$
4,800.00 millones de pesos (US$299.00 millones), alcanzando unos RD$ 5,500
millones (US$342.67) con otros recursos, pero esto no alcanza los 8,000
millones (US$498.44) del servicio de la deuda. Esto resulta preocupante
para las autoridades del Banco Central, qué, aunque realizan algunas
operaciones de mercado abierto no tiene mayores alternativas para cerrar
el déficit de los US$155.77 millones de dólares que se estiman en estos
momentos para fin de año.
Entre las
alternativas que manejan las autoridades monetarias se encuentran la de
emisión de inorgánico, pero, claramente esta medida tendría efectos
desestabilizadores en la economía por el incremento que causaría en la
demanda de bienes y servicios y en la tasa de cambio.
Por otra parte, el
Gobierno no tiene la posibilidad de entregar al Banco Central los pesos
necesarios del Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos que no han podido
obtenerse del diferencial de los combustibles debido a que está entre sus
prioridades terminar las obras que ha iniciado antes de finalizar su
mandato el próximo 16 de agosto.
El Banco Central ha
tenido que recurrir a sus reservas para cumplir con los servicios de la
deuda, las cuáles para el pasado mes mayo se redujeron en un 15.6% con
relación a diciembre de 1999, al pasar de US$881.3 a US$743.7 millones.
Cómo último recurso
con miras a conservar la estabilidad macroeconómica prevaleciente en la
economía dominicana y ante la reserva del gobierno actual para realizar el
ajuste correspondiente a los combustibles, el Banco Central anunció en el
mes de junio, la colocación de certificados de participación valorados en
unos 62 millones de dólares[4].
COMPOSICIÓN DE LA
DEUDA
La deuda externa
dominicana está compuesta por la deuda oficial y la privada. A su vez, la
deuda oficial contabiliza el endeudamiento multilateral y bilateral,
mientras que la privada refleja el endeudamiento con la banca comercial.
La mayor parte de
los fondos provenientes del endeudamiento externo en la década de los 70 y
principios de los 80 fueron utilizados en programas sectoriales de
desarrollo, principalmente en el área agropecuaria (reforma agraria, riego,
crédito, transferencia de tecnología), infraestructura vial, salud y
educación.
Luego, con la crisis
de la deuda, una parte importante de los fondos externos se orientaron a
cubrir déficits internos y externos, y posteriormente, además de préstamos
sectoriales en áreas como las señaladas anteriormente y para apoyo a
balanza de pagos, el país ha utilizado recursos externos orientados a
promover reformas, con el objetivo de abrir más espacio a la economía de
mercado.
La deuda externa
dominicana proviene en su mayor parte del financiamiento bilateral (cerca
del 50%), principalmente del gobierno de Estados Unidos y España, siendo
la deuda con el primero, al cierre del año 1999, de US$843.69 millones y
con el segundo US$373.25 millones. La otras deudas bilaterales con países
fuera de la región corresponden a Alemania (US$72.47 millones), Francia
(US$36.41 millones), Italia (US$51.30 millones) y Japón (US$193.54
millones). En la región también se tienen deudas bilaterales,
principalmente con Venezuela (US$129.62 millones), y deudas menores con
Perú (US$6.284 millones), y Brasil (US$29.49 millones). En el transcurso
del año fue cancelada la deuda que teníamos con Colombia, sin embargo fue
contraída una nueva deuda con Brasil y con país como México, Argentina y
de otros países del área, la deuda que se tenía con dichos gobiernos fue
saldada hace algunos años.
La deuda con
organismos multilaterales ha representado cerca del 30% de la deuda total,
siendo su balance al finalizar el pasado año de US$1,236.55 millones, de
la cual US$852 millones corresponden al Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), US$274.34 millones al Banco Internacional de Reconstrucción y
Fomento (BIRF), US$54.21 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) y
el resto al la OPEP, al BEI, FIDA y otras instituciones.
Recientemente, junio pasado, el Banco Central pagó todos sus compromisos
contraídos con el Club de París relativos al diferimiento de pago de
US$103 millones. Las autoridades monetarias destacan que el gran esfuerzo
realizado para hacer dicho pago obedeció al interés de mantener abiertas
las líneas de crédito con la comunidad financiera internacional.
El balance de la
deuda comercial cerró el pasado año en US$661.5 millones, unos US$29
millones menos que el cierre del año 1998. De estos US$661.5, US$619
millones corresponden a préstamos provenientes de la banca privada y
US$42.36 millones de financiamiento de suplidores.
Esta estructura de
la deuda, con aproximadamente el 80% de la deuda con gobiernos y
organismos multilaterales, ha favorecido a la República Dominicana en las
negociaciones de deudas que ha realizado y continúa siendo una ventaja a
los fines gestionar mayor concesionalidad en el futuro para nuevos
préstamos y contratos de deudas.
NEGOCIACIONES DE
DEUDAS
Respecto a las
operaciones de reducción de deudas y otras negociaciones, las más
importantes realizadas por el país en la presente década han sido las del
Club de París en 1991 y la de la banca privada internacional de 1994,
además de otras negociaciones bilaterales con Argentina, México, Perú,
Venezuela, entre otras.
El monto total de
las deudas negociadas con el Club de París y con la banca privada
internacional fue de US$2,178. Con miembros del Club de París el país
negoció US$927 millones de deudas y con bancos privados US$1,251 millones.
Los países con los
cuales la República Dominicana negoció deudas en el Club de París fueron
Estados Unidos, principal acreedor, con aproximadamente el 50% de la deuda
negociada, España Japón, Francia y Alemania. El 22% de la deuda con estos
países fue negociada a un plazo de años, el 62% a 15 años y el 16% a 10
años.
Como resultado de
las negociaciones, el balance de la deuda con la banca privada disminuyó a
US$520 millones, es decir, una reducción de 58%. La deuda remanente del
capital (US$329 millones) quedó documentada en Bonos con Descuento y el
remanente de los intereses (US$191 millones) en Bonos PDI. La deuda
documentada en Bonos con Descuento será pagada en un plazo de 30 años, a
término, garantizada con inversión de US$38.8 millones en Bonos Cupón Cero
del Tesoro de los Estados Unidos.
LA CARGA DE LA
DEUDA
La elevada carga de
la deuda externa ha convertido al país en exportador neto de capitales, lo
cual ha sido un factor relevante en la desestabilización de las finanzas
públicas, incidiendo en el déficit fiscal, la disminución de la inversión
pública y los servicios sociales, generando presiones para el aumento de
la carga impositiva, disminuyendo puestos de trabajo existentes o
potenciales, aumento de la deuda interna y de las tensiones y conflictos
sociales, que generan pérdidas de esperanza y oportunidades, especialmente
para los más pobres.
La Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha insistido en el
impacto negativo de este resultado en el desarrollo de los países pobres
endeudados y los Jefes de Estados y de Gobiernos de la región reunidos el
año pasado en Santo Domingo, reclamaron políticas más flexibles para los
pagos, a fin de que los gobiernos puedan destinar mayores recursos a la
educación, la salud y al desarrollo.
El Presidente de la
República Dominicana, en discurso pronunciado ante la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en octubre de 1996, manifestó que "los países de la
región hemos realizado sucesivos programas de ajuste con la finalidad de
recuperar nuestra solvencia externa en materia financiera", y agregó; "pero
estar al día en los pagos a los organismos internacionales de crédito ha
aumentado la deuda social de nuestro gobierno con el pueblo dominicano,
pues como consecuencia de ello hay menos recursos disponibles para ser
invertidos en educación, salud, vivienda y seguridad".
Por otro lado,
solicitó revisar y flexibilizar las políticas sobre el manejo del problema
de la deuda al señalar que "se requerirá en el futuro próximo revisar
algunos de los llamados "principios sacrosantos" que han prevalecido en la
comunidad financiera internacional por espacio de muchos años, tales el
relativo a la fecha de corte del Club de París y la imposibilidad de
reestructuración de la deuda con los organismos multilaterales, lo cual
afecta al llamado Grupo de los Países de Menor Desarrollo Relativo, los
cuales podrían tener un tratamiento preferencial en este aspecto".
La deuda externa
actual de República Dominicana representa aproximadamente el 25% del PBI y
un monto percápita de US$435, equivalente a aproximadamente US$1,750 por
familia, lo que en una economía con un alto nivel de desempleo y subempleo
y bajos niveles salariales, significa una pesada carga, mientras que la
tasa de servicio de la deuda, respecto a los ingresos de exportaciones
nacionales, es en la actualidad aproximadamente 27%.
Pero, mientras el
Presidente aboga por flexibilizar la política del manejo de la deuda, su
gobierno, a través de las autoridades monetarias y de planificación siguen
considerando el pago de la deuda como una de las prioridades más
importantes de la agenda económica, muy en deterioro de otros aspectos de
relevante importancia para la nación.
En un estudio
realizado recientemente por la Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN)
sé evidencia que en términos regionales el gasto público en la República
Dominicana se encuentra por niveles inferiores que otros países de América
Latina y el Caribe. Sólo Honduras, Guatemala y El Salvador representan un
gasto público social por debajo de Dominicana, el cuál se sitúa, en el
período 1996-1997 en un 39.0% como porcentaje del gasto público total, lo
cuál la coloca, según la CEPAL en países con gasto social bajo[5].
Si tomamos estos
últimos años en los cuáles la economía ha tenido un buen desempeño,
1996-1999 y en los cuáles hemos visto reducirse considerablemente nuestra
deuda (5%), podemos percatarnos que el gasto público social se ha
incrementado muy tímidamente, sólo un 1.09%. Sobre todo, los gastos que
más han sufrido han sido el gasto en deportes y recreaciones, el cuál
sufrió una reducción para el período en cuestión de 14.05%, el gasto en
salud con una reducción de un 2.52% y el gasto en vivienda y el gasto en
agua potable y alcantarillado que han sufrido las caídas más drásticas del
período. Estos gastos cayeron en un 45% y un 40% respectivamente.
Al igual que en
1998,para 1999 la nación fue exportadora neta de capitales, pues hizo
pagos ascendentes a unos US$297 millones, de los cuales más del 50%
correspondió a amortización de capital, y sólo recibió desembolsos por un
monto de US$171 millones, siendo la transferencia neta de capitales hacia
el exterior de US$126 millones.
DEUDA Y EL
PRESUPUESTO
Para el año 1999, el
Gobierno Dominicano destinó casi unos RD$4,800 millones de pesos casi unos
US$300 millones de dólares y, en los últimos 5 años (1994-1998), se ha
destinado un promedio anual de RD$3,500 millones (aproximadamente US$250
millones) de su presupuesto para el pago de deuda, equivalente al 12% de
los gastos totales.
En el año pasado,
tan solo en el primer trimestre se destinaron alrededor de RD$3,100
millones (US$193 millones) al pago de la deuda externa, mientras que para
este año se estima que el servicio de deuda será alrededor de RD$8,000
millones (US$467 millones), equivalente al 16% del sometido recientemente
por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional.
Como se dijo en
párrafos anteriores, los recursos destinados al pago de la deuda externa
provienen del denominado "diferencial del petróleo", una especie de
impuesto establecido administrativamente, mediante Decreto Presidencial,
consumo de gasolina, gasoil, gas propano y demás derivados del petróleo y
de una comisión cambiaria establecida por el Banco Central a todas las
importaciones que se realizan en el país.
Como consecuencia
del aumento de los precios internacionales del petróleo y la reducción de
las recaudaciones del "diferencial del petróleo", el Gobierno decretó, en
octubre de 1999, un aumento del precio de los combustibles y el Banco
Central aumentó la comisión cambiaria del 1.75% al 5%, a fin de generar
los ingresos necesarios para el servicio de la deuda. Dichas medidas, como
en ocasiones anteriores, generaron protestas de la población, expresadas
en la paralización, durante un día, de gran parte de las actividades
económicas del país. En general, las organizaciones empresariales
estuvieron de acuerdo con el aumento del precio de los combustibles, pero
rechazaron enérgicamente el aumento de la comisión cambiaria, mientras que
las organizaciones laborales y de chóferes manifestaron su rechazo a ambas
medidas.
Ante un nuevo
aumento en el precio del petróleo y la consecuente baja en el diferencial,
el Gobierno Dominicano tiene en sus manos una gran bomba de tiempo al no
contar con medidas para completar el faltante procedente de la reducción
del diferencial.
Uno de los efectos
del servicio de la deuda, particularmente cuando el flujo neto de fondos
externos es negativo, es la presión que genera sobre el déficit
presupuestario y el endeudamiento interno. Gran parte de la deuda interna
del gobierno corresponde a atrasos de los pagos a suplidores de bienes y
servicios y contratistas de obras del estado. Para cubrir parte de esta
deuda, Congreso Nacional acaba de aprobó el año pasado una emisión de
bonos por RD$5,000 millones (más de US$310 millones).
Estos bonos llamados
Certificados de Tesorería con Pacto de Recompensan (REPOS) han captado
alrededor de unos 1,200 millones de pesos (US$74 millones) en los últimos
tres meses anulando el efecto monetario que podrían causar los 800
millones de pesos de desfase según ha informado el Secretariado Técnico de
la Presidencia.
¿Pagar o no la Deuda? Eh ahí el Dilema
Cuando se habla de
sí la deuda es pagable o no, resaltan algunos enfoques sobre algunos de
éstos y otros aspectos. Por ejemplo, los organismos internacionales,
particularmente el BIRF y el FMI, consideran que la deuda es pagable ("sustentable",
en sus propios términos), si el valor presente descontado del superávit
presupuestario es igual o mayor que el balance de la deuda pública, es
decir, que el sector público tenga la capacidad de pagar el total de la
deuda pública corriente con los futuros superávit. Esto sugiere que la
sustentabilidad de la deuda es parte integral de la sustentabilidad
fiscal, de manera que para que la deuda sea pagable se requiere que el
superávit proyectado sea por lo menos igual al servicio de la deuda
corriente.
Otros criterios
técnicos o parámetros de sostenibilidad de la deuda son la tasa deuda /
exportaciones y la tasa servicio de la deuda / exportaciones. Dichos
organismos consideran no sostenible la deuda de un país si la misma es
equivalente a más del 200% al 250% de las exportaciones o si el servicio
de la deuda es superior del 20% al 25% de las exportaciones. La
sustentabilidad de la deuda de países que se aproximen a dichos rangos,
dependería de factores como:
- Vulnerabilidad de
las fluctuaciones de los precios de sus productos de exportación.
- Diversificación
de las exportaciones.
- Reservas
internacionales y balanza de recursos que la sustentan, es decir, de
exportaciones e importaciones de bienes y servicios no factoriales.
- Peso de la deuda
en el presupuesto.
También se considera
que el sector público no estaría en capacidad de pagar la deuda, si la
razón deuda/PIB tiene un crecimiento sostenido superior a la tasa de
interés.
Otra interrogante,
objeto de controversias teóricas, relacionada con la deuda y el
presupuesto, es si hay diferencia entre financiar los gastos con aumento
de impuestos o mediante el endeudamiento. De acuerdo al enfoque neoclásico
de la renta permanente, la respuesta es negativa, al considerar que
endeudamiento es lo mismo que impuestos futuros. La objeción teórica a
este enfoque, es que los individuos, por su vida finita, piensan que otros
pagarán los impuestos; además, de que no todos tienen acceso a los
préstamos, y los que no pueden pedir préstamos, no consumen de acuerdo a
su renta permanente.
Si el principio de
la renta permanente no se cumple, la deuda es una carga para las futuras
generaciones. Por tanto, deben evaluarse los costos y los beneficios de la
reducción de gastos o el aumento de los impuestos para los distintos
grupos de edades. Respecto a la contabilidad intergeneracional, existen
muchas limitaciones para determinar, sobre la base de principios
económicos estrictos, lo que es justo e injusto al distribuir la carga
entre generaciones.
Muchos de estos
criterios son los asumidos por la Iniciativa HIPC, para los cuáles la
economía dominicana no aplica, dado los eficientes resultaos de la
economía en los últimos años. Pero, para una adecuada evaluación de la
carga de la deuda y las posibilidades de condonación o alivio, se requiere
no sólo un análisis económico del tema, asociado a desempeño económico
sino que se requiere de un análisis global del problema y la participación
de diversos actores, pues existen muchos elementos que condicionan la
evaluación y la puesta en práctica de las propuestas. Es necesario
integrar el problema de la deuda a temas como las debilidades
institucionales, la corrupción (pública y privada), la reforma del Estado
y la participación de la sociedad civil (ONGs, organizaciones populares,
académicas, iglesias, comunidades de base).
Es importante
destacar el papel que han desempeñado organizaciones de la sociedad civil
en la promoción de la reducción de la carga de la deuda. Tal es el caso de
la posición ética y humanista del CELAM a favor de los países pobres
altamente endeudados que ha sostenido esta organización, cuyas autoridades
celebraron en Roma una interesante reunión con el Presidente del Banco
Mundial, el Director del FMI y el Presidente del BID Monseñor Cristtian
Precht Bañados, Secretario Adjunto de la CELAM, participante en dicho
encuentro, ha señalado que "en estas entidades ya hay más apertura y
cierta flexibilidad en tratar el tema de la deuda. Hace unos años cuando
se hablaba de condonar o reducir la deuda dichas entidades respondían que
era imposible porque se atentaría contra los intereses de los que ahorran
y de intereses de los países, y ni siquiera discutían el tema"[6].
La realidad de los
hechos y la perseverancia con que muchos grupos de la sociedad civil han
promovido la reducción de la deuda, han abierto espacios para lograr que
los criterios con que los gobiernos y los organismos internacionales
manejan el problema de la deuda sean menos rígidos. No obstante, la deuda
sigue siendo una pesada carga para la mayoría de nuestras sociedades, por
lo que los reclamos para que los acreedores flexibilicen mucho más sus
posiciones tienen mucha justificación.
En el caso
específico de la República Dominicana, la sociedad civil se ha mantenido
alejada del debate. Creemos que es necesario plantear iniciativas, tal vez
no a la condonación, pero sí al canje, los llamados SWAPS, sobre todo en
temas de cambio de deuda por naturaleza, en las cuáles creemos que el país
tienen mucha potencialidad.
CONCLUSIONES
En estos momentos,
la República Dominicana, se enfrenta ante un nuevo problema causado por el
alza en el precio del petróleo y la consecuente baja en el diferencial del
precio de los combustibles internos, principal fuente de financiamiento
del pago a la deuda externa. Esto nos da cuenta de que el problema del
endeudamiento sigue siendo motivo de preocupación, sobre todo por el hecho
de que la carga de la deuda absorbe una proporción importante del
presupuesto, lo que está limitando el acceso a servicios sociales a un
importante segmento de la población que vive en condiciones de pobreza y
extrema pobreza, así como limitando la inversión pública en prioritarias
obras desarrollo económico y social. Y sobre todo, en un momento en que el
gobierno saliente se debate entre el pago por un lado y la finalización de
las obras que ha iniciado, lo cual lleva a una presión con la deuda
contraída con suplidores.
Las negociaciones de
deuda hasta ahora realizadas han aliviado ligeramente la carga, pero es
necesario adoptar políticas y emprender acciones para que mucho más
recursos de los que actualmente se están dedicando al pago de intereses y
amortización de la deuda se destinen al combate de la pobreza y al
desarrollo. Es decir, hay que promover nuevas negociaciones, la que,
además de los factores señalados, tomen en cuenta la vulnerabilidad de
nuestra economía y las tensiones a que está actualmente sometida como
resultado del proceso de globalización económica.
Por las condiciones
económicas que el país presenta, no es considerado para calificar en la
Iniciativa HIPC, pero es claro que estar al día con los pagos de la misma
esta convirtiéndose en un dolor de cabeza para las autoridades dominicanas
por la bomba de tiempo que se tiene en las manos, sobre todo en términos
sociales, dado el alto nivel del presupuesto nacional que consume el pago
de la misma en amortización e intereses.
Es necesario que,
desde la sociedad civil se de seguimiento a las iniciativas regionales e
internacionales, que tratan de plantear cambios en la condicionantes y
lineamientos de las instituciones y gobiernos acreedores para la inserción
en el programa de los Países Pobres Altamente Endeudados.
Vemos con mucho
agrado el trabajo realizado por la Coordinadora Regional de
Investigaciones Sociales y Económicas (CRIES), en la divulgación,
conocimiento y debate de estos temas, así como la articulación de una
alternativa.
BIBLIOGRAFÍA
01 Banco Central de
La República Dominicana. La Deuda Externa Global de la República
Dominicana. Banco Central de la República Dominicana. http://www.bancentral.gov.do.
02 Banco Central de la República Dominicana. Boletín Trimestral
Octubre-Diciembre 1999.
03 Banco Central de la República Dominicana. Informe Anual de la Economía
Dominicana 1999.
04 Centro de Investigación Económica para el Caribe (CIECA). La Deuda
Externa de la República Dominicana. Presentado en el Seminario Taller
Regional: Análisis de la Deuda Externa de Centro América y el Caribe, y
los Nuevos Escenarios Internacionales. CRIES. Managua, Nicaragua.
Noviembre 1999.
05 Centro de Investigación Económica para el Caribe (CIECA). Visión
Preliminar de la Economía Dominicana. http://www.cieca.org
06 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Balance
Preliminar de la Economías de América Latina y El Caribe. Santiago de
Chile, 1999.
07 Secretariado Técnico de la Presidencia. Oficina Nacional de
Planificación. "Estructura Económica, Funcional y Geográfica del Gasto
Público Social en la República Dominicana. Julio del 2000.
[1] Este documento
fue preparado por la autora, conjuntamente con el personal del Centro de
Investigación Económica para el Caribe, CIECA. Presentado en el Seminario
"La Deuda Externa: Análisis de las Nuevas Estrategias y los Avances de la
Iniciativa para los Países Pobres muy Endeudados (PPME)" dela Coordinadora
Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, CRIES. Montelimar,
Nicaragua. Junio 2000.
[2] La Deuda Externa Global de la República Dominicana. Banco Central de
la República Dominicana. http://www.bancentral.gov.do.
[3] Para tener más o
menos una idea de la caída de los ingresos del diferencial del petróleo
podemos informar que los mismos descendieron, según fuentes oficiales, de
unos US$22 millones en mayo del 99 a US$9 millones en mayo 2000.
[4] Esta posición
adoptada por el gobierno de turno es entendible desde el punto de vista
político. El gobierno del Partido de la Liberación Dominicana no quiere
tener que cerrar su gestión con el costo político que significa un nuevo
aumento en los combustibles.
[5] Nicaragua,
Honduras, y el Salvador representan un 35.6%, 31.9% y 26.5%
respectivamente.
[6] Visión del CELAM
Frente al Endeudamiento. Foro Virtual de la Deuda Externa. La República
Dominicana negoció deudas con el Club de París (1991) y la banca privada
(1994) por un monto total de US$2,178 millones, negociaciones que
implicaron diferimiento de pagos y reducción de deudas.
LA DEUDA EXTERNA GLOBAL DE REP. DOMINICANA HASTA 1996 (DATOS BANCO
CENTRAL -pdf-) (Pulse aquí) |
Análisis
estadístico de la deuda externa. Años 1980 a 2002
Aspectos destacados: La deuda externa de
República Dominicana se incrementó aceleradamente entre 1975 y 1990,
pasando de 398 millones de dólares a 4.400; posteriormente, se mantuvo a
este nivel con pequeñas variaciones interanuales. En el mismo lapso
1975-1990, la deuda per cápita subió de 79 dólares a 615 y, posteriormente,
se mantuvo en torno a 500 dólares.
En relación con el PIB, desde 1997 la
deuda se ubicó en torno al 20 por ciento; anteriormente, en el año 1990,
llegó a 61,8 por ciento. En relación con las exportaciones, desde el año
1997 apenas ha representado el 50 por ciento de las mismas; en 1980 y 1990
se ubicó en cerca de 150 por ciento. Los intereses de la deuda externa de
1994 a 2001 han oscilado, en la mayoría de años, en torno a 200.000
dólares.
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LA REFORMA TRIBUTARIA ES UNA TRAMPA. |
Rafael Camilo: “La reforma
tributaria que propone el Gobierno es una trampa”
ahora.com.do | juan de la cruz [11/11/2003]
Economista y ex director del la
Oficina Nacional de Planificación (ONAPLAN), Rafael Camilo
afirma que la economía dominicana está atravesando por una
profunda crisis, que se refleja en una gran recesión
motivada por la devaluación de la moneda dominicana, los
altos niveles de inflación y la desconfianza de los agentes
económicos en las ejecutorias del Gobierno.
Esa situación es la que explica la volatilidad de la tasa de
cambio respecto al dólar, muy a pesar de que las autoridades
han tomado una cantidad ilimitada de medidas para hacerla
bajar, pero el dólar se ha mantenido por encima de RD$36.0
por uno. Eso también es lo que explica que más de US$3,500
millones hayan salido de la economía dominicana en forma de
fuga de capitales o repatriación.
A todo eso se agrega el incremento de la deuda externa en
alrededor de US$2,400 millones en tan sólo tres años y medio,
al pasar de US$3,600 en el 2000 a US$6,000 en la actualidad,
teniendo que pagar por los servicios de la deuda externa en
el próximo año cerca de RD$40 mil millones y otros 25 mil
millones para el pago de la deuda cuasi fiscal del Banco
Central, lo que implicaría casi el 50 por ciento del
presupuesto del próximo año.
A continuación el texto de la entrevista con Rafael Camilo.
[A]HORA. ¿Cómo valora usted la
situación económica del país en las actuales circunstancias?
Rafael Camilo. La economía dominicana está pasando en la
actualidad por una profunda crisis caracterizada por una
gran recesión, es decir, por una caída del Producto Interno
Bruto debido a un proceso inflacionario que afecta a toda la
población dominicana y sobre todo a la población de ingresos
fijos, acompañada de un proceso devaluatorio de la moneda
nacional, lo que crea un desequilibrio general en la
economía. Por tanto, esos factores están determinando que la
crisis actual sea una crisis muy peligrosa en términos de
las consecuencias sociales que puede ésta traer para la
gobernabilidad del país en los próximos meses, porque el
efecto que esta crisis económica está teniendo sobre la
población es devastador, ya que ha reducido signia las
exportaciones que iba a generar este año RD$3,500 millones y
el año que viene RD$7,000 millones, porque era provisional.
La indexación de los combustibles, porque el Gobierno tenía
que agregarle al impuesto a los combustibles la inflación,
que no lo había hecho. El ajuste se hace por la tasa
cambiaria semanal, y trimestral por la inflación, pero el
Gobierno lo había hecho. Un error, porque no se siente, pero
si todo esto tú lo haces junto al mismo momento representa
RD$1,200 millones más. El impuesto de 25% a las asociaciones
de ahorros y préstamos iba a dejar RD$1,200 millones y el
otro era el 0.15% a los cheques, que asciende a 1,300
millones de pesos en el 2004. Pero da la situación que esos
impuestos no han generado lo que el Gobierno pensaba que
iban a generar. El impuesto del 5% a las exportaciones era
de alrededor de RD$350 millones mensuales y el primer mes
que se ejecutó, agosto de este año, tan sólo recibieron
ingresos por RD$70 millones, es decir, fue un fracaso. De
ahí es que viene que el Gobierno esté dando saltos de una
figura impositiva a otra, sin tener claro qué es lo quiere.
Sobre todo, que el Gobierno no ha definido claro un programa
de estabilización económica. Ahí es que está la situación,
lo que refleja que el Gobierno está dando palos a ciegas. Y
que cada vez que define una figura impositiva hay intereses
que se defienden contra ella, porque toda la sociedad está
compuesta por grupos o sectores de intereses, por eso cuando
quiere ponerle el impuesto a la exportación viene el
problema con ese sector, cuando quiere ponérselo a los
importadores viene el problema con los importadores, si se
lo pone a los combustibles viene el problema del transporte
y de los mismos sectores sociales.
EL 2% A LAS IMPORTACIONES
[A]. ¿El 2% a las importaciones que
aprobó el Senado y que está pendiente de aprobación por
parte de los diputados, qué efecto tendría para ese sector y
la población en general?
RC. Ese impuesto, al igual que la comisión cambiaria, es
inflacionario. Pero además son impuestos que van en sentido
contrario de una posible recuperación del crecimiento
económico porque atacan directamente a la base productiva
nacional en gran medida, porque la economía dominicana se
mueve con importaciones. No solamente el consumo directo,
sino todos los insumos que importa el país en el momento que
se les colocan impuestos tienden a disminuir. Fíjate, que
eso se hace cuando tú quieres provocar un ajuste en el
sector externo, es decir, para bajar o estabilizar la tasa
de cambio. Tú lo haces con ese objetivo, pero no con el
objetivo de recaudar, porque si tú lo haces con ese objetivo,
lo que hace es que te disminuye las importaciones y te
disminuye tu capacidad recaudatoria. Esto quiere decir que
si tú lo haces para disminuir las importaciones porque
quieres estabilizar la tasa de cambio y se gasten menos
dólares, con ese objetivo es correcto, pero no con el
objetivo tributario, porque el objetivo tributario tiende a
disminuirla, como va a suceder con la comisión cambiaria y
con ese impuesto del 2%. Además de la inflación que provoca
ese tipo de impuesto.
[A]. ¿Qué es lo que está pasando con el dólar, porque según
los indicadores de los sectores generadores de divisas la
afluencia de dólares se ha mantenido estable y la tasa de
cambio no baja, independientemente de las medidas que se
tomen?
RC. Una de las situaciones más graves que tiene la economía
dominicana es la devaluación y sobre todo la volatilidad de
la tasa de cambio, donde un día está a un precio y otro día
a otro; sube y baja. Ahora mismo la situación de la economía
dominicana no es para que el dólar, primero, tuviera
volatilidad y segundo que el peso dominicano estuviera tan
devaluado. ¿Por qué? Porque las importaciones han caído en
más de un 30%. La economía está en recesión, lo que quiere
decir que no está demandando muchos dólares para el
desenvolvimiento de la misma. Lo que está determinando esa
volatilidad y la devaluación es la confianza. Es la
incertidumbre de los agentes económicos, entendiendo por
agentes económicos a toda la población, que ante una
situación de incertidumbre tiende a resguardarse, a comprar
y a no vender lo que le ingresa, a menos que tenga que
cubrir una necesidad. Y en otro aspecto, a proteger sus
ahorros, sobre todo en el exterior. Yo pensaba que de la
economía dominicana habían salido entre US$2,000 y US2,500
millones, pero una información que recibí de una institución
norteamericana que participó en la compra de bonos
dominicanos me dice que ellos han estimado US$3,500 millones,
que han salido de la economía dominicana por los problemas
de la devaluación y la desconfianza, que eso es precisamente
el resultado de esta crisis económica. El punto clave ahora
mismo para superar la crisis económica es que el Gobierno
trate la devaluación de la moneda dominicana, porque esto es
lo que incide en el problema de la inflación que afecta a la
población de menores ingresos. El Gobierno tiene que diseñar
un programa de estabilización económica y no buscar parches
para tratar de solucionar el problema, el cual llevaría
necesariamente a una revisión del gasto público.
ENTRAMPADOS
[A]. A propósito del gasto público,
¿qué pasará con el presupuesto del 2004 y la reforma
tributaria que el Gobierno está tratando de poner en
práctica?
RC. El problema que se está ventilando ahora, que es la
reforma tributaria, que fue una de las recomendaciones del
Fondo Monetario Internacional, yo creo que ese hecho ha
metido en una trampa a la sociedad dominicana y en esa
trampa han caído algunos partidos políticos y el
empresariado nacional. Se dice que solamente se estabiliza
la economía dominicana con una reforma tributaria y les
buscamos más ingresos al Gobierno. Eso a mi modo de ver es
un entrampamiento al que nos han llevado, sobre todo desde
el Gobierno, para que le den mayores ingresos. Un gobierno
como el actual no tiene límites en el gasto y, por tanto, no
tiene límites en los ingresos. Entonces, ¿cuál es la
situación que ha llevado a la crisis fiscal? El problema del
endeudamiento externo, que para el año que viene nosotros
vamos a tener que buscar entre RD$35,000 y RD$40,000
millones para el pago de la deuda externa. Y cerca de
RD$25,000 millones por el déficit del Banco Central y
RD$25,000 millones más para el pago de la deuda interna a
los bancos comerciales y suplidores, que sumados nos dan
cerca de RD$60,000 millones que nosotros tenemos de déficit
para el año que viene.
[A]. ¿Qué quiere decir eso?
RC. Que el problema de la reforma tributaria que se está
planteando en el país es una trampa del gasto público. No es
producto de una necesidad para que el Estado cumpla mejor
las funciones que tiene, como retóricamente se dice
últimamente, de lucha contra la pobreza. Es decir, de dar
una educación mejor, de mejores hospitales, de programas de
viviendas, alimentación, agua y, sobre todo, de desarrollar
infraestructuras en el país para el desarrollo económico. No
es ante una situación como ésa que estamos planteando una
reforma tributaria, sino que se está planteando
exclusivamente para pagar deudas, que el año que viene va a
estar en cerca de US$6,000 millones. Es decir, lo llevó de
US$3,600 millones, que fue como lo encontró, a US$6,000
millones.
El segundo aspecto fue la forma ilegal como se manejó la
crisis bancaria, lo que llevó a que el Estado asumiera una
deuda privada y la convirtiera en deuda pública, ya que la
deuda por la quiebra de los bancos el Estado la asumió
violando la Ley Monetaria y Financiera.
Entonces, ante esos dos aspectos, le están planteando a la
población dominicana que debe seguir sacrificándose, pagando
impuestos para cumplir con unos compromisos de pago de los
cuales la población dominicana no recibió los beneficios. Ni
de los US$500 millones de la primera partida de los bonos
soberanos, de la segunda partida de US$600 millones ni de
los préstamos que ha aprobado el Congreso.
[A]. ¿Cuál es la diferencia que
existe entre reforma tributaria y reforma fiscal?
RC. Cuando se habla de una reforma tributaria en el país
normalmente hablamos de una reforma tributaria de aumento de
impuestos, y esa es una parte de la reforma tributaria. Por
eso es que hay que hablar de reforma fiscal, porque la
reforma fiscal te incluye el gasto público, pero te incluye
también la parte administrativa de las instituciones
fiscales. Es decir, tú tienes que concebir la reforma
tributaria actual de forma integral, para que no sea una
reforma coyuntural como la que se hizo en el 2001 y fracasó,
de forma que incluya una nueva ley de presupuesto, el cambio
en la Constitución de la República del artículo 55 que le da
libertad al Presidente de la República para ejecutar el
presupuesto y, sobre todo, el excedente presupuestario como
él quiere, una reforma del área administrativa para darle
mayor eficiencia a la administración tributaria, y debiera
incluir en el mediano plazo la unificación de Aduanas e
Impuestos Internos, lo que les daría mayor integridad. Sobre
todo porque dentro de unos años la Dirección General de
Aduanas no tendrá la función que tiene ahora, porque cada
día van a ser menores los aranceles o impuestos en aduanas.
Entonces esa unificación le da mayor capacidad a la
administración. Pero, así mismo, la parte financiera del
Estado, es decir, los procesos del gasto público, como son
Presupuesto, Tesorería, Contabilidad…O sea, ese sistema
integral. Eso es lo que es una verdadera reforma tributaria,
una reforma fiscal.
[A]. ¿Pero eso es posible hacerlo en las condiciones
actuales por las que atraviesa el país?
RC. Sabiendo que ahora mismo eso no se puede hacer, lo
importante de esta reforma tributaria es que no debe ir por
el aumento de los impuestos, sino que debe ir por una
revisión del gasto público, para no cargarle a la población
nuevos impuestos. Una revisión del gasto público que
conlleve dos aspectos: primero la reducción del gasto
corriente en aquellos aspectos que no significan un gasto de
calidad, y en segundo lugar la reducción del gasto en los
compromisos de deuda que tenemos para el año que viene. El
Fondo Monetario Internacional ha puesto como condición una
reforma tributaria en uno de sus puntos. Pero, ¿qué sucede?
Que precisamente ese es el papel del FMI, cobrar la deuda
externa. Y el acuerdo fundamentalmente lo que habla es de la
necesidad de darle sostenibilidad. En el primer punto del
acuerdo con el FMI dice: “El Gobierno buscará una reforma
impositiva en el 2004 con el objetivo de establecer una
fuerte base de ingresos para asegurar la sostenibilidad a
mediano plazo”. O sea, que el objetivo del Fondo con la
reforma tributaria es que nosotros paguemos la deuda externa.
Hay que buscar los mecanismos para renegociar la deuda
externa, reducir a menos de un 50% los compromisos de deuda
externa. Ese debe ser el objetivo del Gobierno. Y para la
deuda interna buscar otro mecanismo, otra reestructuración
de la crisis financiera interna, sobre todo del Banco
Central, para que esos compromisos no recaigan sobre el
presupuesto del año que viene.
[A]. Cuál es realmente el estimado
de ingresos y el presupuesto de gastos para el 2004?
RC. Para el año que viene hay un estimado de ingresos de
alrededor de RD$110 mil millones, sin reforma tributaria, y
un estimado de gastos de alrededor de 160 mil millones, es
decir, que estamos hablando de un déficit de más de 50 mil
millones. Por eso es que yo creo que ha sido parte del mismo
Gobierno filtrar la información para que eso se ventile
públicamente para justificar la reforma tributaria y no
trabajar. O sea, decir vamos a tener un déficit tan grande
que es necesaria la reforma tributaria rápida. No como lo
plantea el Fondo para el año que viene, sino que sea hoy
mismo. Eso es un caramelo para asustar a la gente. Esa es la
trampa que yo veo. Para el año que viene el FMI sólo va a
aceptar un déficit del sector público consolidado de un 2.5%
y en el 2005 de apenas un 1%. El problema está en que el
Gobierno debe buscar la forma de reducir su compromiso de
deuda, el cual no debería pasar del 20 al 25% del
presupuesto del año que viene, si queremos ejecutar un
presupuesto adecuado, porque ese año debería ser el año de
la reorganización de las finanzas públicas de los últimos
meses que le queden al Gobierno y de los primeros meses del
próximo Gobierno que entrará a partir de agosto.
[A]. Qué usted opina sobre el decreto que
crea la Comisión Especial para la Reforma del Sector
Eléctrico?
RC. Fíjate, yo creo que el Gobierno
cayó en la trampa del populismo, de hacerle creer a la
población que estaba tomando una decisión patriótica,
nacionalista, y que iba a recuperar un patrimonio público y
que le iba a dar mejor servicio. Cuando sabemos que el
problema del sector eléctrico es un problema financiero, es
decir, no se cobra la energía y no hay un flujo de recursos
para pagar la generación de la energía, porque en la
actualidad en el país tenemos más de un 50% de capacidad de
generación y el problema está en la distribución
BALANZA
DE PAGOS 1997/2003 (BC)
BALANZA DE PAGOS 1996/2001
PRODUCTO
INTERNO BRUTO 1999/2003 (BC)
PRODUCTO
INTERNO BRUTO 1970/2003 (BC)
COMPORTAMIENTO DEL INDICE DE PRECIOS DEL CONSUMIDOR (ENERO/MARZO
2003)
|
La crisis económica es integral y tiene
bases estructurales
Antecedentes, detalles, causas y efectos de
esta crisis económica
a.
Los paso económicos de Hipólito
b. Detalles de la crisis integral
Componente político de la crisis: impacto de
la reelección
Perspectivas del 2004
CAMBIO DE POLÍTICA ECONÓMICA Y PLAN DE
EMERGENCIA ALTERNATIVO
CAMBIO POLÍTICO
La crisis económica es integral y tiene bases
estructurales
La crisis -de acuerdo incluso a las amañadas cifras del
Banco Central- toca todas las vertientes de la llamada
macroeconomía:
- El crecimiento económico se fue a pique y septiembre
del año 2003 cerró con un descenso del PBI a -1%.
- La inflación fue registrada por el propio Banco
Central de la República Dominicana en 42% en el 2003, y en
enero del 2004 volvió a repuntar.
- La devaluación del peso respecto al dólar llegó al
100% en el 2003.
- Las reservas internacionales cayeron, en diciembre del
2003, a la irrisoria suma de 124 millones de dólares.
- La Balanza de Pagos a septiembre del 2003 registró un
déficit de 375 millones de dólares y el déficit comercial
superó los 3,200 millones de dólares.
Está clarísimo, pues, que se han juntado todos los
llamados desequilibrios macroeconómicos para darle un
carácter integral a la crisis económica.
Antecedentes, detalles, causas y efectos de esta
crisis económica
Estamos ante una crisis económica y social acumulativa,
provocada por el modelo y las políticas neoliberales que se
le han agregado a la prolongada crisis estructural del
capitalismo dependiente dominicano.
- Los pasos economicos de Hipólito Mejía.
Hipólito Mejía sencillamente siguió el camino del
endeudamiento y continuó ascendiendo en la escalera del
modelo neoliberal. Agregó mas corrupción y emprendió la
ruta de la reelección que Leonel no pudo transitar , hasta
llevar al país al desastre actual, incorporando a la
crisis nuevos y más graves desequilibrios macroeconómicos
y un deterioro social más profundo y extenso (aceleran el
empobrecimiento del pueblo y de las capas medias,
provocando mayor desempleo, quiebras profusas en el
sistema empresarial, constreñimiento económico a todos lo
niveles, desabastecimiento y tendencia al colapso).
Agregó también más ineptitud, más groserías, más burlas
indignantes y más desfachatez.
Sumó a los viejos males nuevos problemas, tal y como ha
sucedido en todos los países del continente que han
aceptado la falacia del libre comercio, las
privatizaciones, los ajustes del FMI y del BM, los TLC, la
flexibilización laboral, el libre cambio, las
desregulaciones y el abandono del papel rector del Estado
con traspaso de todo el poder al mercado y a la gran
empresa privada (sobre todo a las transnacionales y gran
capital financiero).
Proceso similar al que en todas partes provoca el
reinado del neoliberalismo asociado a las partidocracias
corrompidas en sociedades como la nuestra.
- Detalles de la crisis integral
La caída de la producción (tomando las cifras del Banco
Central correspondientes a septiembre del 2003) se expresó
en -3.9% en el sector agropecuario, -3.2% en la industria
manufactura, -8.1% en la construcción, -13.1% en el
comercio (debido al constreñimiento de la demanda), -7.7%
en el transporte, -6.6% en la electricidad y el agua, y
-4.3% en el sector financiero.
Los únicos sectores que crecieron fueron:
Comunicaciones en 10.7%, y Hoteles, Bares y
Restaurantes en 36.4%. Evidentemente que esta última
cifra está adulterada y persigue reducir artificialmente
el desplome del PBI.
La inflación pasó de 4.3% en el 2002 a 42% en el 2003.
La devaluación, como dijimos, fue del 100% en el 2003 y
habría que sumarle más de 20% en enero del 2004.
Las causas de esta devaluación están determinadas por
la sangría de divisas que implica la libre repatriación de
dividendos de las empresas extranjeras, por la enorme fuga
de dólares, por el incremento de la deuda externa y de los
servicios de la misma, por el déficit en la cuenta
corriente de la balanza de pagos y por la gran expansión
monetaria (créditos del Banco Central, tipos de créditos,
etc.).
A septiembre del 2003, los dólares repatriados por las
empresas extranjeras sumaron 1,046 millones y por concepto
de nuevas inversiones sólo entraron 571 millones de
dólares, para un saldo negativo de casi 500 millones de
dólares. Y esto equivale a una descapitalización neta.
La fuga de dólares consignada bajo el inocuo título de
"Errores y Omisiones" en esos 9 meses del año 2003
ascendió a 1,261 millones de dólares, comparado con 214
millones en el 2002.
La emisión de dinero inorgánico superó el monto de la
desmonetización, registrándose un incremento del dinero
circulante de 42 mil millones de pesos en el 2002 a 75,800
millones en el 2003.
El crédito emitido por el Banco Central para ayudar a
los bancos comerciales privados y cubrir déficit fiscales
en diciembre del 2003 superó los 93,500 millones de pesos,
registrándose un incremento de 40 mil millones en los
créditos a los bancos. El crédito del Banco Central en el
2002 y el 2003 fue igual a cero. Esos préstamos sobre todo
favorecieron el comercio, los servicios y el sector
publico, descendiendo alarmantemente aquellos destinados
al sector productivo. Y ese incremento de la masa
monetaria (con destino improductivo) presionó la compra de
dólares por diferentes vías, provocando más devaluación.
La deuda externa pública erogada ascendió de algo menos de
4 mil millones de dólares en el 2000 a 5,100 millones en
el 2003. La deuda externa privada llegó a los 7 mil
millones. El total es de 12 mil millones de dólares sobre
un Producto Interno Bruto de alrededor de 10 mil millones
de dólares, lo cual es realmente terrible. A esto hay que
agregar otros 3,700 millones de deuda contratada y todavía
no ejecutada.
En el año 2003 el pago de los servicios de la deuda
externa (intereses y amortizaciones) consumió 20 mil
millones de pesos de un presupuesto de 82 mil millones
(25%).
De cara al año 2004, la deuda ha crecido aún más,
puesto que por lo menos una parte de deuda no ejecutada
podría erogarse en el año en curso.
El déficit fiscal actual ronda los 6,500 millones de
pesos, mientras que el "cuasi fiscal" (créditos del Banco
Central para cubrir los agujeros financieros, el pago de
intereses por los certificados de depósitos y las deudas a
las empresas eléctricas) supera los 90 mil millones de
pesos.
La recesión económica determinó una baja en las
importaciones a 6,005 millones de dólares en el 2003 en
comparación con 6,693 millones en 2002 (calculado al mes
de septiembre), unos 687 millones de dólares menos. Si se
excluyen las zonas francas, las importaciones fueron de
4,691 millones de dólares y las exportaciones de bienes
790 millones para un déficit comercial de 3,200 millones
de dólares.
En verdad, ni las zonas francas, ni las remesas, ni los
préstamos pudieron evitar un déficit en balanza de pagos
de 375 millones de dólares.
La inminencia del TLC con EEUU, acelerado por el
interés político de un presidente-candidato subordinado a
Washington y por los grandes empresarios de zonas francas,
apunta hacia una situación peor si se tiene en cuenta sus
efectos destructivos sobre el aparato productivo nacional
y hacia la transnacionalización completa del mercado
interno.
Componente político de la crisis: impacto de la
reelección
Desde hace años, a pesar de las libertades conquistadas y
de la constante presión popular a favor de la
democratización del sistema político, la evolución de la
crisis económica y social ha estado acompañada de un proceso
de corrupción y perversión institucional, de reactivación de
la cultura política autoritaria y despótica, y de pérdida de
legitimidad de las instituciones renovables del Estado,
tuteladas por un poder permanente profundamente
antidemocrático.
El avance del neoliberalismo agravó sensiblemente esa
situación. Y ahora se han agregado los efectos nefastos de
la reintroducción del reeleccionismo con todas sus prácticas
perversas.
Si el neoliberalismo económico es empobrecimiento extremo
de la población, desnacionalización completa del país y
despotismo social, la retoma de la práctica reeleccionista
por Hipólito Mejía y el PPH equivale a un incremento
acelerado del deterioro institucional y de la desconfianza
colectiva.
Perspectivas del 2004
El componente político de la crisis en un período
preelectoral tiene a conformar una crisis de confianza que
afecta también la economía.
El presidente, convertido en candidato impopular y en
administrador de la crisis ha perdido toda credibilidad en
todo lo que hace y propone.
Atado al modelo neoliberal, carece de la menor
posibilidad de mejorar la situación económica y social.
Casado con la reelección, promueve una incontenible
perturbación en su partido y en todo el sistema político
hasta crear una situación en la que las propias elecciones
tienden a carecer de la menor decencia y la menor limpieza.
El empecinamiento es tal que la perspectiva en los
próximos meses es el intento de imposición de una reelección
traumática camino a una crisis de gobernabilidad.
En lo económico-social, las perspectivas no son menos
dramáticas si continúan vigentes la política y el modelo
liberal en boga.
El nuevo acuerdo con el FMI tiende a profundizar esta
situación llena de calamidades para el pueblo y la nación
dominicana.
El presupuesto aprobado dentro de ese marco aumentó de 82
mil millones de pesos (2003) a 121 mil millones para el año
en curso (2004).
En realidad, el impacto de la crisis apunta hacia un
gasto mayor del previsto en ese instrumento de política
económica, dadas las reglas impuestas por el FMI.
El pago forzado de una deuda externa onerosa en el monto
exigido por el Fondo Monetario Internacional compromete el
presupuesto nacional no solo en los 39 mil millones de pesos
dispuestos para el pago de los servicios de la deuda (intereses
y amortizaciones) sino en casi 60 mil millones si se tiene
en cuenta que esa suma fue calculada a una tasa de cambio de
35 por 1 y la misma se ha disparado sobre el 53 por 1. La
devaluación, que tiende a agravarse en el curso de este año,
encarece la deuda para quienes tienen ingresos en pesos.
El subsidio eléctrico es de 3 mil millones mensuales, lo
que representa 36 mil millones al año. Y esa suma no aparece
precisamente consignada, lo que hace sospechar decisiones a
favor de la eliminación de ese subsidio.
La deuda a las empresas eléctricas privatizadas asciende
ya a los 20 mil millones de pesos (400 millones de dólares),
y en el capítulo de la transferencia al sector privado de un
total de 8,000 millones se le asignan 5,000 millones al
sector energético.
Sólo estas "obligaciones" suman 116 mil millones de
pesos, casi la totalidad del presupuesto del 2004.
Aquí no se incluye el pago de los intereses a los
certificados de depósitos del Banco Central, que en un año
suman 24 mil millones de pesos. Y en ese orden, el FMI
exigió que esos intereses se pagaran desde los fondos del
presupuesto, aunque obviamente no es ley pagarlo en su
totalidad en el espacio de un año.
Estos gastos tampoco incluyen el pago del personal del
Estado (empleados, trabajadores, civiles y militares) que
asciende a 30,300 millones de pesos, ni el capítulo de los
gastos de funcionamiento del aparato estatal (compra de
bienes y servicios) que asciende a 11,600 millones de pesos.
E igual pasa con las transferencias a los ayuntamientos y a
las empresas y entidades autónomas del Estado, que totalizan
11,300 millones de pesos.
En el capítulo de gastos de capital (inversiones en
infraestructura, proyectos sociales...) sólo aparece la
ridícula suma de 6,500 millones de pesos (5% del presupuesto
aprobado), la más baja de la historia. Y esa partida no está
incluida en la anterior relación de gastos.
Esto quiere decir que a los 116 mil millones de pesos ya
sumados, monto éste que a lo sumo podría disminuir en unos 5
mil millones (si es que parte de la deuda con las empresas
de electricidad está consignada en el capítulo de las
transferencias al sector energético ya mencionado) hay
que agregar otros 59,700 millones de pesos no contemplados,
más lo relativo al pago de los intereses de los certificados
de depósitos del Banco Central (24,000 millones), para
un total de 83,700 millones de pesos no contemplados en
el presupuesto aprobado.
Está claro que el gobierno y el FMI no han querido ni
presentar la extrema gravedad de la situación ni anunciar
sus determinaciones en relación con los que sobrepasan con
creces lo consignado en el presupuesto, las cuales
posiblemente incluirían nuevos impuestos al consumo (ITBIS,
impuesto selectivo, aumento de tarifas de agua y luz), la
eliminación de subsidios, otros peajes y nuevas
privatizaciones (Banco de Reservas, líneas de transmisión
eléctrica, hidroeléctricas, Aduanas, etc.).
La economía del país quebró de la peor manera y las
recetas neoliberales ya aprobadas están muy lejos de frenar
un deterioro mayor. La crisis avanza hacia el colapso total
y desde las instancias del poder local y supranacional se
aprestan a exprimir más al pueblo y a toda la sociedad en
interés de salvar el gran capital, sobre todo transnacional.
La anunciada mejoría a partir de la firma del acuerdo con
el FMI es una gran mentira.
El impacto nefasto de ese acuerdo no puede ser
compensando con los escasos recursos en dólares que por ese
concepto deberán ingresar al país en la actualidad y en el
curso de este año. Se habla de unos 600 millones de dólares
en el 2004.
¿En qué pueden cambiar esos ingresos una crisis tan
profunda y multifacética?
Esos recursos, ni cosquillas le harán al deprimido
capítulo de las reservas internacionales que necesita el
país, que sólo dispone de 124 millones cuando necesita unos
1,500 millones de dólares para ajustarse a la norma; de las
enormes deudas y el gran déficit ya apuntado.
El proceso devaluatorio a lo sumo podría frenarse unos
cuantos días, para luego volver a repuntar en condiciones de
mayor endeudamiento. Los mejores vaticinios hablan de una
devaluación que podría llevar la prima a más del 100 por uno
a final de este año, y los peores hablan de 500 e incluso
600 por 1.
Desde las políticas neoliberales no hay ni salida ni
contención de la crisis económica y social en el curso de
este año y los años siguientes. Todo marchará de malo hacia
peor si no se cambia de modelo económico.
CAMBIO DE POLÍTICA ECONÓMICA Y PLAN DE EMERGENCIA
ALTERNATIVO
Para recuperarse, la economía dominicana debe ser
liberada de la camisa de fuerza del FMI y de las políticas
neoliberales.
Esto, en medio de una crisis tan profunda, debe comenzar
por la ejecución de un Plan de Emergencia Alternativo
que, entre otras medidas y orientaciones, contemple:
- Erradicar o limitar al máximo la corrupción
administrativa y recuperar los recursos sustraídos al
Estado, lo que podría economizar varias decenas de miles
de millones de pesos y captar muchos recursos robados.
- Conjurar las grandes evasiones al Impuesto Sobre la
Renta y al ITBIS, y las subvaluaciones toleradas por los
funcionarios del Estado.
- Establecer los siguientes impuestos:
- Impuesto progresivo a las grandes ganancias,
especialmente a las empresas que logren beneficios
superiores a los 10 millones de pesos anuales. Esto
puede reportar alrededor de 30 mil millones de pesos en
un año.
- Impuesto adicional a la gran propiedad inmobiliaria
y a los latifundios ociosos.
- Mayores impuestos al consumo de lujo, o suntuario.
- Mayores impuestos a los casinos, las loterías y
bancas de apuestas.
- Reducción del gasto corriente del Estado suprimiendo
las botellas, la multiplicidad de nombramientos a una
misma persona, los gastos de representación, las prebendas
y los privilegios que acompañan a la alta burocracia del
Gobierno Central, el Congreso, los ayuntamientos y las
instituciones descentralizadas. Por esta vía pueden
economizarse más de 2 mil millones de pesos.
- Suspensión por un año de las importaciones de
vehículos para uso privado.
- Suspensión de las importaciones de artículos
superfluos e incremento de impuestos a los bienes
importados que se producen en el país o que tienen
sustituto.
- Control de las divisas por el Banco Central a fin de
evitar la fuga, la especulación y el mal uso de las mismas.
Aprobación de un presupuesto de ingreso y uso de divisas
que ponga énfasis en el desarrollo nacional y en las
necesidades básicas de la población.
- Suspensión del pago de la deuda externa por un año y
diseño de un plan de revisión y renegociación de la misma.
Esto implica una economía de unos 50 mil ó 60 mil millones
de pesos en el 2004.
- Ataque frontal a la devaluación del peso, enfrentado
sus causas de la siguiente manera:
- Deteniendo el proceso de endeudamiento oneroso.
- Controlando la repatriación de dividendos a partir
de la modificación de la ley de inversión extranjera,
impidiendo la descapitalización por esa vía y
garantizando saldos positivos entre inversión y
repatriación e ingresos extras en divisas.
- Eliminando o reduciendo las emisiones inorgánicas,
obligando a los responsables de las quiebras
fraudulentas a pagar a los ahorristas, quitándose el
Banco Central ese cargo. Restableciendo el equilibrio
entre medio circulante y capacidad productiva. Evitando
la fuga, el dispendio y el derroche de las monedas
convertibles, restableciendo el control de las divisas
por el Banco Central.
- Revisar los contratos con las grandes empresas
extranjeras establecidas en el país a fin de mejorar los
ingresos del Estado y la protección del medio ambiente.
- Recuperación del patrimonio estatal y de las riquezas
naturales privatizadas, poniendo énfasis en lo inmediato
en el sistema energético nacional, restableciéndole su
carácter de servicio público estatal, revisando el sistema
de subsidios y tarifas a fin de rebajarlas; desconociendo
las deudas que han tenido características de estafa de la
AES, la Unión FENOSA, la Power, la Smith-Enron, la
Cogentirx y otras; estableciendo una gestión con control
ciudadano y contabilidad abierta, renegociando los
contratos leoninos, etc.
- Modificar sustancialmente la ley de hidrocarburos y
reducir los márgenes de ganancia del gobierno y de las
grandes distribuidoras a fin de reducir los precios.
Restablecer el subsidio al gas propano y revisar las
normas para su distribución, venta y uso.
- Aumentar sustancialmente el salario real de los
trabajadores (as) combinando los aumentos en pesos, la
revaluación de la moneda, la rebaja, el control de los
precios de la canasta básica.
- Introducir cambios sustanciales en el sistema de
distribución y precios de los productos y servicios de la
canasta básica, eliminado la especulación, creando cadenas
de distribución entre INESPRE y las redes de comerciantes
detallistas; entre PROMESE y las redes de farmacias;
estableciendo precios justos a los productores y a los
consumidores y márgenes de ganancias moderadas. Esto se
refiere a los alimentos básicos, los útiles escolares, los
alquileres de viviendas, los medicamentos, las tarifas
escolar y de asistencia médica, y el transporte.
- Volcar el grueso de los recursos captados o
economizados a elevar la producción agropecuaria e
industrial, a crear nuevos fuentes de empleo en esos
sectores, a ejecutar un plan de recuperación ecológica y
saneamiento ambiental, a desarrollar la pesca y
redistribuir el ingreso nacional en favor de los pobres
vía aumentos de salarios, servicios de salud y educación,
creación de empleos y medios de trabajo.
- Establecer como norma bancaria que la diferencia entre
las tasas de interés pasiva y activa no sobrepase el 6%.
- Impedir la aprobación del TLC con Estados Unidos.
Este Plan de Emergencia Alternativo deberá vincularse a
un programa transformador de más largo aliento.
CAMBIO POLÍTICO
Como se desprende de este análisis, fundamentado con
cifras y hechos incuestionables, la continuidad de Hipólito
Mejía en su doble condición de candidato y Presidente de la
República, de aquí a las elecciones y desde éstas hasta el
16 de agosto, implica un intenso y desgarrador trauma
político-electoral y un desastre económico-social de mayores
proporciones al que ya estamos sufriendo.
Esta realidad obliga plantear la imperiosa necesidad de
que se vaya ya, al demandar que abandone el cargo, que
dimita como presidente de la República.
Igualmente exige de un cambio inmediato de política
económica.
Leonel Fernández, por su parte, convertido en la
contrapartida electoral sistémica en el contexto de una
competencia perversa, representa también la profundización
del modelo neoliberal y de la corrupción. Su compromiso en
el llamado Diálogo Nacional a respetar el contenido del
acuerdo con el FMI, su determinación de encarnar un modelo
económico neoliberal facilitador del gran capital privado, y
especialmente al servicio de los intereses de las
corporaciones transnacionales y los acuerdos concertados
durante su reciente visita a Washington, indican que su
vuelta al gobierno significaría la continuidad y
profundización de este desastre. La corrupción que
representa es otra poderosa razón para impugnarlo.
Es por eso que, al tiempo de movilizarse activamente por
la renuncia inmediata de Hipólito Mejía y por el cambio de
la actual política económica, el pueblo dominicano deberá
decidirse por una propuesta político diametralmente distinta
a las que representan las candidaturas del PRD, el PLD y el
PRSC. Una propuesta profundamente antineoliberal,
anticorrupción, patriótica, democrática y popular, de cara
tanto a las próximas elecciones como a la perspectiva de una
crisis de gobernabilidad.
Es decir, que sólo para el pago de la deuda externa el
Gobierno debe identificar y especializar 25,000 millones de
pesos, lo que equivale al 62.5 por ciento de los recursos
necesarios para cubrirlos.
Bonos para pagar deuda
Una fuente eventual de recursos para el pago de la deuda es
la emisión de nuevos títulos de deuda (bonos soberanos),
como el emitido recientemente bajo el eufemístico nombre de
“Notas de Infaestructura”. En el Memorando de Políticas
Económicas del Acuerdo Stand-By firmado por el Gobierno con
el FMI, en agosto pasado, se señala que la actual
administración está tratando de “racionalizar” el perfil del
servicio de la deuda externa a mediano plazo, realizando
emisiones de bonos de menor volúmen con vencimientos a más
largo plazo. Esos bonos, según el acuerdo, serían emitidos
no sólo en el mercado internacional de capitales, sino en el
incipientísimo mercado interno de bonos.
El perfil de la deuda dominicana se ha deteriorado o
“endurecido” desde el año 2000. Cuando los economistas
hablan del endurecimiento del perfil de la deuda lo que
quieren decir es que cada vez el Gobierno le debe más, desde
el punto de vista relativo, a acreedores privados (banca,
suplidores y tenedores de bonos) y menos a acreedores
multilaterales y bilaterales. Como se sabe, los acreedores
bilaterales (Gobiernos) y multilaterales (BID y Banco
Mundial) prestan a tasas de interés más bajas y a plazos más
largos que los acreedores privados.
El cuadro anexo sobre el Perfil de la Deuda Externa Pública
Dominicana por Tipo de Acreedor revela el “endurecimiento”
del perfil de la deuda dominicana. Este cuadro, empero, no
incluye la emisión de 600 millonesde dólares de bonos
soberanos, que han alterado en forma más dramática el
perfil de la deuda externa pública dominicana, al extremo de
que el porcentaje de la deuda dominicana desembolsada por
acreedores privado ya bordea el 40 por ciento del monto
total.
Un dato que evidencia la propensión del Gobierno del
presidente Mejía a privilegiar el financiamiento comercial
sobre el bilateral y multilateral es que, de acuerdo al
Informe de la Economía Dominicana, que edita el Banco
Central, durante el primer semestre del presente año el 80%
de los desembolsos de recursos externos correspondió a
préstamos comerciales (unos 714.8 millones de dólares),
mientras sólo el 20 por ciento provino de fuentes oficiales
(47.9 millonesde dólares de organismos multilaterales y
124.0 de dólares de gobiernos amigos).
Esto es sumamente importante entenderlo porque, aunque forme
parte del Memorando de Políticas Económicas del Acuerdo
Stand-By con el FMI, a las autoridades dominicanas les será
dificil propiciar una reestructuración del perfil de la
deuda recurriendo a la emisión de nuevos bonos soberanos, en
momentos en que todas las agencias calificadoras de riesgo
degradan la calificación de riesgo país de República
Dominicana.
Es decir, si el Gobierno sale ahora al mercado a emitir unos
nuevos bonos soberanos para pagar 500 millones de dólares de
su servicio de la deuda para el año próximo, tendría que
colocarlos a una tasa de interés elevadísima, debido a que
el riesgo país y la calificación de la deuda dominicana se
han deteriorado. O sea que, hasta tanto no mejore la
calificación externa del país, no luce inteligente emitir
nuevos bonos soberanos para financiar el servicio de la
deuda.
A este panorama se añade la casi inexistencia de un mercado
de bonos en la República Dominicana. En todo caso, si el
Gobierno decide colocar los más de 5,000 millones de pesos
en bonos internos autorizados recientemente por el Congreso,
lo deberá hacer a tasas que compitan con el mercado bancario
y con las atractivas tasas que ofrece el Banco Central y que
promedian cerca del 30%. En este contexto, una colocación de
bonos internos a altas tasas si bien podría resultar
atractiva para algunos inversionistas locales y extranjeros,
aumentaría la deuda interna del Gobierno, la cual debe
honrarse puntualmente de acuerdo con el Programa de
Estabilización Económica firmado con el FMI.
Endeudamiento
público y bienestar
La deuda
externa, bonos soberanos.
Hoy | Apolinar Veloz
[8/7/2001]
La presente administración del
Gobierno fue convencida de que necesitaba muchos
recursos para financiar la deuda social contraída
con los ciudadanos más pobres del país
En economías de mercado, tanto
las empresas como el Gobierno ajustan sus planes
estratégicos y presupuestos considerando las
variaciones de las condiciones de la demanda de
bienes en el mercado, incluyendo en estos a los
servicios sociales (tales como salud, educación y
vivienda, entre otros). Generalmente, estos agentes
económicos (empresas y Gobierno)) priorizan sus
gastos para evitar, por un lado, la reducción de los
beneficios o peor aún la salida del mercado. Sin
embargo, el Gobierno no quiebra aunque incurra en
déficit fiscales, en países escasamente
desarrollados, tratando de satisfacer la demanda de
bienes colectivos.
La presente administración del
Gobierno fue convencida de que necesitaba muchos
recursos para financiar la deuda social contraída
con los ciudadanos más pobres del país. Por tal
razón, esta administración se apresuró a realizar
una reforma fiscal a fin de incrementar los ingresos
públicos y de esta manera hacer frente a la pobreza.
Este ajusto fiscal tuvo lugar en
un marco de incremento de los precios del petróleo
más que duplicaron el costo de la factura petrolera.
El incremento del crédito de corto plazo por US
$260.0 millones al final del período 1996-2000
aumentó el servicio de la deuda pública externa en
el 2001. Además, la deuda interna pública con el
banco estatal alcanza niveles alarmantes -que entre
octubre del 2000 y abril del 2001 alcanzó alrededor
de RS $7,000 millones. Estos elementos ponen en
peligro la manejabilidad de la situación económica
por su impacto negativo sobre las finanzas públicas.
Esta situación financiera tiene
ribetes dramáticos considerando las condiciones de
los mercados internacionales de bienes,
específicamente la que tiene que ver con la caída
del producto de nuestro socio comercial más
importante. Sin duda que este hecho repercutirá
negativamente en el nivel de la demanda
internacional, reduciendo el nivel de actividad
económica, la renta y el empleo de aquellos países
que cubren la demanda de importaciones de ese país,
entre los cuales se encuentra la economía dominicana.
Así mismo, impactará negativamente el monto de las
remesas que envían los dominicanos residentes en ese
país, un ingreso esencial para balancear la cuenta
corriente de la balanza de pagos.
Para agravar aún más esta
situación, la presente administración ha
profundizado la estructura prevaleciente del gasto
público, favoreciendo el gasto corriente, el cual
alcanzó el 79% en el primer trimestre del 2001,
superando en 13% al gasto corriente en 1999. En este
esquema de gastos, los recursos disponibles (de
origen interno) para financiar la inversión pública
resultan insuficientes, limitando el impacto de la
misma sobre el producto y el empleo. Esta situación
es preocupante dados los niveles de desempleo y
pobreza que exhibe la economía dominicana.
Las alternativas que se han
manejado para sortear la crisis financiera del
Gobierno son limitadas. Estas se han fundamentado
casi exclusivamente en endeudamiento público, tanto
interno como externo, para suplir la supuesta
deficiencia de los ingresos públicos.
La propuesta de que una reforma
tributaria no tendría buenos resultados -si no eran
corregidas la evasión y la elusión fiscales- no
fueron evaluadas en su justa dimensión y se planteó
un presupuesto que no era viable financiar.
Considerando el primer trimestre del 2001, los
ingresos corrientes ascenderían a un poco más de RD
$50,000 millones, pero el presupuesto aprobado para
el 2001 supera los RD $60,000 millones. En otras
palabras, desde la formulación misma del presupuesto
para este año ya presentábamos deficiencias de
ingresos de más de RD $7,000 millones. Existen,
además, otros cargos al presupuesto de este año que
no fueron presupuestados y que ascienden a más de RD
$8,000 millones. Con lo cual la deficiencia de
ingresos alcanza aproximadamente los RD $15,000
millones, obviamente siempre que los ingresos
tributarios se mantengan en el nivel actual.
El endeudamiento público con
bancos locales por RD $3,000 millones y la emisión
de bonos soberanos por US $500 millones, constituyen
para los asesores gubernamentales "la" salida a la
crisis financiera pública. Si estas propuestas se
llegan a concretar, la deficiencia de ingresos no se
corregiría, alcanzando un poco mas de RD $5,000
millones. Por consiguiente, tal y como han sido
planteadas las alternativas financieras, lo que
queda claro es que el Gobierno mantendría la
estructura del gasto público. En efecto, pedir
prestado no corrige el déficit fiscal que es una
forma de crear presiones inflacionarias y cambiarias
obligando a las autoridades monetarias a las odiosas
restricciones al crédito del sector privado.
Cada una de las salidas
financieras planteadas por el Gobierno tiene su
propia complicación y resulta interesante
analizarlas por separado. El endeudamiento público
con los bancos comerciales locales implicaría como
en otras ocasiones un aval (garantía) del banco
estatal, colocando a esta institución en una
situación financiera delicada y, eventualmente,
aumentaría sus niveles de iliquidez lo que pondría
en peligro su estabilidad así como la del sistema
bancario.
Esta situación sería aún más
peligrosa si los bancos comerciales recurren a
préstamos externos para financiar al Gobierno, que
es muy probable dado el alto costo del dinero
localmente. En este caso, se tendría que evitar una
devaluación, lo que probablemente ocurra conociendo
la debilidad de las reservas internacionales netas
del Banco Central. Si los préstamos son concertados
en la forma descrita, una devaluación afectaría
negativamente las finanzas públicas y, de la misma
manera, a los bancos comerciales involucrados en
este negocio.
Esta alternativa tiene un costo
financiero que el Gobierno tendría que pagar, lo que
reduce el bienestar de muchos dominicanos, aún
cuando el Gobierno resuelva momentáneamente la
insuficiencia de recursos que enfrenta. El pago de
intereses y comisiones del Gobierno a la banca
privada se podrían dedicar a programas sociales,
reduciendo el beneficio social del gasto público.
Peor aún, estos pagos de intereses y comisiones no
tendrían ningún impacto sobre el producto y el
empleo domésticos; lo que sin duda, empeoraría la
distribución del ingreso y tendría efectos negativos
sobre el nivel de empleo.
Por otra parte, la emisión de
los bonos soberanos pudiera ser otra decisión
ineficiente, no solamente porque busca mantener los
niveles actuales del gasto corriente cuando los
ingresos públicos son insuficientes; afectando
negativamente la inversión pública, la que se redujo
del 36.1% en el primer trimestre de 1999 a 21.0% en
el mismo período del 2001.
El hecho de mantener la vigente
estructura del gasto público ya es por sí
ineficiente, en la medida en que se privilegia el
gasto que tiene menor incidencia sobre el bienestar
general de la población y que, además, compromete el
crecimiento económico actual y futuro.
Además, los bonos soberanos sólo
beneficiarían en cierta medida a las generaciones
presentes, por cuanto estas disfrutarían un mayor
crecimiento económico, a consecuencia de la
inversión pública financiada con endeudamiento
público externo. En cambio, las demás generaciones
tendrían que conformarse con pagar el bienestar de
sus predecesores mediante mayores impuestos y
menores inversiones públicas, para pagar el servicio
del endeudamiento externo, a menos que haya otra
reforma tributaria bajo el alegato de que fue
incompleta la realizada en el 2000.
Esta idea de los bonos soberanos
es aún más cuestionable, por el hecho de que al
Gobierno le sobraron RD $1,978.0 millones en el
primer trimestre del 2001, según consta en el
informe del Banco Central del primer trimestre de
este año; es decir RD $659.3 millones por mes. Si
este superávit se mantiene obtendríamos RD $7,912.0
millones en el 2001. Los reportes oficiales muestran
que los ingresos públicos crecieron por encima de
las estimaciones en abril y mayo del año en curso.
Lo que habría que plantear es ajustar el gasto
corriente y priorizar la inversión pública, lo cual
no implica ningún costo financiero y resulta más
beneficioso en términos bienestar.
El costo financiero de los bonos
soberanos es generalmente elevado para una economía
de alto riesgo como la dominicana y que, además
presenta insuficiencias de ingresos para cubrir los
compromisos locales. De aquí que sea poco probable
que el país pueda colateralizar la emisión de los
bonos a fin de reducir su costo financiero. Pagar
entre un 10.5% y 15% sobre dólares es una tasa
elevada considerando que el costo del dinero en los
Estados Unidos se ha reducido sustancialmente.
El Gobierno dominicano pagaría
anualmente a los inversionistas extranjeros entre US
$52.5 millones y US $75.0 millones (aproximadamente
entre RD $874.6 millones y RD $1,249.5 millones
considerando los extremos de las tasas de interés
manejadas 10.5% y 15%, a la tasa de cambio oficial),
exceptuando las comisiones que supuestamente son de
0.5%, es decir US $2.5 millones. En otras palabras
el Gobierno pagaría entre US $608 y US $630 millones
por el servicio de su deuda externa, incluyendo los
bonos, esto es alrededor de RD $10,125.9 y RD
$10,497.5 millones anualmente a la tasa oficial
actual. Estos cálculos se han hecho asumiendo que el
servicio de la deuda externa, excluyendo bonos
soberanos, se mantiene igual que en el primer
trimestre del 2001.
El atractivo de los bonos
soberanos, según sus auspiciadores, consiste en que
el país no tendría que pagar el principal de la
deuda, porque la experiencia latinoamericana
establece que nunca se ha pagado. Esta afirmación es
inexacta y hasta cierto punto engañosa. Nadie
invertiría en bonos soberanos si los inversionistas
saben que el principal de la deuda no se devolverá.
Lo que ha pasado es que muchos
países no han podido honrar el capital en la fecha
de vencimiento del bono y para pagar el principal
realizan otra emisión de bonos por una cantidad
similar a la adeudada, pagando con estos recursos el
principal de la emisión anterior. En fin, el país
sigue teniendo la deuda y continuará pagando
intereses y comisiones por la misma cantidad. Pensar
de esta manera, implica convertir al país en un
deudor perenne de bonos si el mercado se lo permite.
¿Podría el país pagar el
vencimiento US $500 millones de bonos soberanos al
cabo de siete años? Esto es altamente improbable, ya
que de ser así el país tendría que disponer de cerca
de RD $20,000 millones (US $1,100 millones al tipo
de cambio oficial actual) para el pago del servicio
de la deuda convencional en el año de vencimiento de
los bonos. La primer consecuencia de este
incumplimiento resultaría en un incremento de la
tasa de interés de la segunda emisión de bonos, por
cuanto el país demostró a los inversionistas
incapacidad para devolver el principal.
En lo concerniente al uso de los
recursos provenientes de los bonos soberanos, existe
mucha confusión. Se dice que servirán para aumentar
las reservas del Banco Central y, al mismo tiempo
que se invertirán en proyectos productivos. El
aumento de las reservas internacionales por
endeudamiento no tiene sentido. El país toma
prestado US $500 millones de dólares pagando una
tasa de interés elevada para guardarlos en el banco
central donde no reditúan ningún beneficio.
Si estos recursos se invirtieran
en proyectos productivos, nos hacemos la siguiente
pregunta: ¿Cuándo en República Dominicana las
inversiones del Gobierno tienen retornos tangibles
que permitan hacer frente a un compromiso de la de
la deuda de los bonos soberanos?
¿Quién está pagando la deuda
pública externa actualmente? Los consumidores
mediante los impuestos a los combustibles y la
comisión cambiaria. No se trata de los beneficios de
ningún proyecto de inversión pública en cuyo nombre
también se contrataron los préstamos anteriores. Lo
que ocurrirá probablemente es que los expertos (en
reformas tributarias, en bonos soberanos y empresas
para la importación de combustibles) le planteen al
Poder Ejecutivo aumentar el ITBIS del 12% al 18%,
porque en los demás países de América Latina esa es
la tasa prevaleciente por ejemplo, y el impuesto
selectivo elevarlo al 60% a fin de obtener los
recursos necesarios para pagar el servicio de la
deuda externa, incluyendo los bonos.
Otras de las alternativas
manejadas para reducir el riesgo del país y, por
tanto bajar los intereses de los bonos soberanos,
consiste en la construcción de un fondo de garantía.
El país puede endeudarse por el doble de lo que
recibirá por la emisión de los bonos, por ejemplo, y
usar la mitad de esos recursos para colateralizar su
emisión. Esto implica que el país recibiría US $500
millones y pagaría intereses por 1,000 millones. Así
los intereses devengados por el fondo de garantía
constituido por el 50% del préstamo podrían cubrir
parte de los intereses y el principal.
Con el análisis pretendo alertar
al Presidente de la República, Hipólito Mejía, en el
sentido de que estas no fueron las conclusiones a
las que se arribaron conjuntamente con el Gabinete
Económico. Otro fue el plan estratégico para superar
la crisis financiera del Gobierno, otro fue el
documento que se elaboró. La propuesta en torno a
los bonos soberanos fue estudiar su viabilidad, pero
nunca estuvieron en el listado de propuestas que se
le presentaría. Existen otras alternativas de
políticas financieras más eficientes, Señor
Presidente, que las que hoy propone su "equipo
asesor"; estas son políticas ineficientes con graves
consecuencias para el futuro del país. Aún estamos a
tiempo.
El endeudamiento público con
bancos locales por RD $3,000 millones y la emisión
de bonos soberanos por US $500 millones, constituyen
para los asesores gubernamentales "la" salida a la
crisis financiera pública.
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permitida, siempre que se cite la fuente.
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enero de 2001.
Es editada todos los sábados
por Red Vida Cotidiana, empresa ciudadana solidaria. |
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Renegociar la deuda
Otra opción para aliviar el monto del servicio de la deuda
externa para el 2004 parece ser la renegociación de la misma.
De hecho, recientemente una delegación de funcionarios del
Banco Central viajó al Club de París para explorar esa
posibilidad.
Ahora bien, como la única deuda que está sujeta a una
eventual renegociación es la deuda con los gobiernos –porque
la deuda privada no se renegocia, como tampoco se renegocia
la deuda multilateral– puede resultar que el Gobierno apenas
pueda reestructurar el 36 por ciento de nuestra deuda total.
Antes de abocarse a solicitar una renegociación con el Club
de París el Gobierno debería ponderar varios factores, entre
ellos a) cuál es el peso de la deuda bilateral en el
servicio del 2004 y el 2005, b) el efecto en los mercados
financieros que tendría el anuncio de que el país va a
acudir al Club de París, porque no puede pagar su deuda
externa en los montos y plazos acordados, y c) el
tratamiento que el país recibiría de parte de los países
acreedores.
Una eventual renegociación con el Club de París quizás le
permita al país diferir el pago de 100 millones de dólares
de amortizaciones del servicio de la deuda programado para
el 2004, pero en cambio podría encarecer el financiamiento
para República Dominicana en los mercados de capitales.
Un hecho relevante, si el Gobierno logra renegociar su deuda
bilateral difícilmente logre las mismas condiciones que
obtuvo durante la renegociación de principios de la década
pasada, cuando al país le fueron aplicados los denominados
“Términos de Houston”, que ya no se aplican a una nación con
el nivel de desarrollo que ha alcanzado la República
Dominicana. A pesar de que el nivel de ingreso per cápita de
los dominicanos se ha deteriorado en el último año en un 30
por ciento, el país no califica para los programas de
reducción de deuda que aplican el FMI y otros organismos
internacionales a los países pobres altamente endeudados.
Ventas de activos
Otra de las alternativas contempladas por el acuerdo con el
FMI para permitirle al Gobierno hacer sostenible el actual
nivel de deuda externa pública es la venta de activos
estatales. El acuerdo contempla ventas de yacimientos
mineros, terrenos y otros bienes raíces públicos a razón de
un 2 por ciento del PIB para los próximos tres años, es
decir, que el programa con el organismo internacional prevé
la venta de bienes públicos por el orden de unos 10,000
millones de pesos anuales.
Si para el 2004, el Gobierno logra enajenar activos públicos
por un monto de 10,000 millones de pesos podría obtener el
40 por ciento de los recursos que debe generar para
completar los que le proveen la Ley de Hidrocarburos y la
Comisión Cambiaria, quedando apenas sin identificar unos
15,000 millones de pesos.
El inconveniente de la venta de los activos públicos es que
tendría que realizarse bajo la modalidad de subasta pública
internacional, como el proceso de capitalización del 1999,
con la desventaja para el Gobierno de que la realizaría en
medio de una campaña electoral y de eventuales presione de
la opinión pública.
Consecuencias fatales
La precariedad de las finanzas públicas han colocado al
gobierno del presidente Mejía en el umbral de la insolvencia
financiera, debido a las enormes dificultades y presiones
que deberá enfrentar para cumplir con los compromisos
internacionales del país.
Si los ingresos fiscales no le permiten al Gobierno pagar su
deuda externa deberá verse forzado a reducir el gasto
público y social, o de lo contrario exponerse a las
consecuencias que derivan de un incumplimiento o cesación de
pagos, entre los que destacan un mayor deterioro de la
calificación de riesgo del país y de su deuda,
encarecimiento del financiamiento, cierre de líneas de
crédito y paralización de los desembolsos de los organismos
internacionales.
La falta de recursos probablemente obligue al Gobierno a
desviar recursos presupuestados para algunas dependencias
públicas para cumplir con el pago de la deuda externa y
mantener al día los pagos internos (por lo menos los pagos
de los bonos emitidos por el Estado), lo que podría redituar
un alto costo político al Gobierno, en medio de una campaña
electoral, en la que –casi por una tradicional regla
matemática- la inversión pública antes que deprimirse se
incrementa.
Otra opción, aparentemente descartada por la actual
administración, es consensuar una reforma fiscal antes del
cierre del año, para iniciar el 2004 con un presupuesto lo
menos desequilibrado posible y reducir las posibilidades de
incumplimientos en el pago de las obligaciones
internacionales de un país que el próximo mes de enero
comenzará a discutir las listas de productos que pretende
proteger en el marco del Acuerdo de Libre Comercio de Centro
América y los Estados Unidos (CAFTA), que actualmente agota
su novena ronda de negociaciones, y al cual la República
Dominicana se “arrimará” el año venidero.
Cual que sea la estrategia que adopte el Gobierno del
presidente Mejía, una gran parte de los esfuerzos de la
actual administración deberán concentrarse, en lo que resta
del presente año y en los primeros meses del venidero, a
generar nuevos ingresos para satisfacer a los acreedores
internacionale y a una población que no resiste más ajustes
y deterioro de su calidad de vida y que reclama la solución
de problemas que, como el de la energía eléctrica, el alto
costo de la vida, la salud pública y la educación, requieren
atenciones inmediatas
|
DOS EMISIONES DE BONOS SOBERANOS US$ 500 Y
US$ 600 MILLONES.( a 5 años y al módico 9.5 %) |
Horizonte
incierto en la economía dominicana |
|
DEUDA
EXTERNA US$4,094.80 MILLONES. (2001) |
EDWIN
RUIZ SANTO DOMINGO.- |
|
Los
préstamos internacionales financian la inversión
pública. |
Diferente a muchos países de América Latina, casi
todo el peso de la deuda pública externa global de
República Dominicana recae en las finanzas del Gobierno
Central. Esto significa que los fondos para el pago de
los intereses y amortización del capital se saca del
presupuesto nacional, deprimiendo la inversión social.
Para el próximo año, esta carga asciende a RD$14,500
millones, lo que supera en RD$2,474.8 millones, un
20.6%, el monto estimado a principio de año para el pago
del servicio en el 2002.
Este elevado monto incluye vencimientos de deudas de
corto plazo contraídas en el período 1996-2000, cuando
se aprobaron préstamos externos por US$952.06 millones.
Esta tendencia, empero, ha sido intensificada por el
gobierno actual, pues sólo entre agosto del 2000 y julio
del 2001 se aprobaron convenios de financiamiento
externo por US$2,304.0 millones, y recientemente se
reintrodujeron al Congreso Nacional algunos de los
préstamos, que por más de mil millones de dólares, el
Gobierno había retirado para fines de estudios.
‘‘La fuerza motríz de esta política de endeudamiento del
Gobierno se encuentra en la pérdida sistemática en la
capacidad de las finanzas públicas de generar un ahorro
corriente que permita financiar el programa de
inversiones públicas’’, afirma el Centro de
Investigación Económica de las Antillas (CENANTILLAS).
Pero las preocupaciones sobre el peso de la deuda
empiezan a cristalizar en las esferas gubernamentales.
Esto es evidente en la razón esgrimida por el secretario
Finanzas, José Lois Malkún, para justificar la nueva
emisión de bonos soberanos.
La deuda externa quiebra las finanzas del Estado
dominicano
En política de endeudamiento, si de argumentos se trata,
‘‘todo es según el color del cristal con que se mire’’.
El preferido de las autoridades para justificar nuevos
empréstitos ha sido que República Dominicana tiene el
más bajo nivel de endeudamiento de la región con
relación al producto interno bruto. En ese sentido, se
afirma que el monto de la deuda es de un 19% del PIB,
mucho menor al 48.7% de la región.
Pero este argumento choca frontalmente con la realidad,
omitida muchas veces, de que el Gobierno central es el
responsable de casi la totalidad del pago del servicio
de la deuda pública externa, lo que prefigura un futuro
poco halagüeño para el presupuesto general de la nación,
en caso de mantenerse una agresiva búsqueda de nuevos
empréstitos externos.
Esto se debe a que, a diferencia de muchas economías
latinoamericanas, como son los casos de Venezuela,
Chile, Brasil, Ecuador y México, que tienen un sector
público que cuenta con empresas que se endeudan, en el
caso del país, la deuda pública es ‘‘casi en su
totalidad del Gobierno central’’.
A esta conclusión se llega, además, si se mide el peso
de la deuda externa a través de dos indicadores no muy
utilizados por las autoridades, como son el
endeudamiento en relación con el ingreso real disponible
y el financiamiento externo a la inversión bruta de
capital. Según estimaciones del Centro de Investigación
Económica de las Antillas (CENANTILLAS), República
Dominicana supera con creces el promedio de América
Latina, alcanzando en el primer indicador, en el 2000,
un 5.8% frente al 2.9% de la región, y en el segundo un
20.9%, frente al 12.6% en Latinoamérica.
‘‘La fuerza motriz de esta política de endeudamiento del
Gobierno se encuentra en la pérdida sistemática en la
capacidad de las finanzas públicas de generar un ahorro
corriente que permita financiar el programa de
inversiones públicas’’, afirma la entidad.
Una consecuencia de esto es que ‘‘en el 2001 por cada
peso de ingreso tributario que se obtenía sólo 24
centavos se convertían en ahorro corriente (inversiones
públicas)’’. Este monto es casi la mitad de lo que se
ahorraba en el 1995.
Pero las preocupaciones sobre el peso de la deuda
empiezan a cristalizar en las esferas gubernamentales,
aunque sea para justificar nuevos endeudamientos. Esto
es evidente en la razón esgrimida por el secretario de
Finanzas, José Lois Malkún, para justificar una nueva
emisión de bonos soberanos: ‘‘se trata de una prioridad
nacional, porque de no realizarse la emisión el Gobierno
tendría que disponer del Fondo 100, lo que reduciría la
inversión pública y estrangularía más la economía’’.
No es para menos. El próximo año, según datos
suministrados por el funcionario, el Gobierno tendrá que
destinar fondos del presupuesto nacional por RD$14,500
millones para el pago del servicio de la deuda pública
externa. Este monto supera en RD$2,474.8 millones, un
20.6%, el monto estimado a principios de año para el
pago del servicio de la deuda en el 2002.
Este elevado monto incluye vencimientos de deudas de
corto plazo contraídas en el período 1996-2000, cuando
se aprobaron préstamos externos por US$952.06 millones.
Esta tendencia, empero, ha sido intensificada por el
gobierno actual, pues sólo entre agosto del 2000 y julio
del 2001 se aprobaron convenios de financiamiento
externo por US$2,304.0 millones, y recientemente se
reintrodujeron al Congreso Nacional algunos de los
préstamos, que por más de mil millones de dólares, el
Gobierno había retirado para fines de estudios.
El proceso de endeudamiento externo desde el 1996 se ha
caracterizado por privilegiar los préstamos a cortos
plazos y con la banca privada, lo que ha conllevado a
que la deuda pública con el exterior, además de haberse
incrementado, su perfil se haya modificado.
Primer trimestre
Hasta el primer trimestre de este año, el monto de la
deuda pública externa, que corresponde casi en su
totalidad al Gobierno central, ascendía a US$4,094.80
millones, lo que representa un aumento de 410.1
millones de dólares con relación al nivel del 2000. Este
incremento revierte su tendencia decreciente producto de
una política cautelosa de endeudamiento aplicada desde
finales de los 80.
Antes de esto, el país experimentó un vertiginoso
endeudamiento impulsado por las políticas fiscales
expansivas que lo llevaron a una profunda crisis
económica. A causa de esto, se acumularon montos
considerables en mora que elevaron el monto de la deuda
a US$4,500 millones, en ese entonces una de las más
altas de América Latina en relación al producto interno
bruto (un 59% del PIB). |
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